La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y por mayoría calificada, el denominado “Plan B” de reforma electoral, con 377 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones, en una sesión marcada por el contraste de posturas entre oficialismo y oposición.
El dictamen —derivado de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo— plantea modificaciones constitucionales orientadas a fortalecer la austeridad republicana, reducir privilegios en el ejercicio del poder público y reforzar mecanismos de control democrático.
Tras su aprobación en lo general, el Pleno inició la discusión en lo particular de las reservas presentadas por legisladores.
Ajustes a gobiernos locales y paridad de género
Entre los cambios más relevantes, la reforma modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución para redefinir la integración y funcionamiento de los ayuntamientos y congresos locales.
Se establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, bajo principios de paridad de género vertical y horizontal, así como de igualdad sustantiva.
Asimismo, las legislaturas estatales deberán garantizar estos mismos principios en su integración y funcionamiento, reforzando la perspectiva de género en el ejercicio del poder público.
Límites al gasto y salarios en órganos electorales
La reforma también fija un tope al presupuesto de los congresos locales, el cual no podrá exceder el 0.70% del presupuesto de egresos de cada entidad federativa.
En paralelo, se establecen restricciones a las remuneraciones de consejeros y magistrados electorales, tanto del Instituto Nacional Electoral (INE) como de los organismos locales y tribunales electorales, quienes no podrán percibir ingresos superiores a los límites constitucionales ni acceder a seguros o prestaciones no contempladas en la ley.
Estas disposiciones obligarán a los órganos electorales a revisar y adecuar sus marcos normativos, administrativos y presupuestarios.
Implementación gradual y reducción presupuestaria
El régimen transitorio establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales deberán armonizar su marco jurídico a más tardar el 30 de mayo de 2026.
Además, se contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado de la República, que deberá alcanzar una disminución acumulada del 15% en términos reales en un periodo de cuatro años, sin afectar los derechos laborales del personal.
En el caso de los congresos locales, sus presupuestos solo podrán actualizarse conforme a la inflación anual y no podrán incrementarse por encima de los límites establecidos.
Destino de los ahorros y control del gasto público
Uno de los puntos centrales del dictamen es que los recursos generados por las medidas de austeridad deberán destinarse a obras de infraestructura pública en beneficio de la población, bajo principios de legalidad, transparencia y honradez.
Las legislaturas estatales estarán obligadas a establecer mecanismos de control y disciplina presupuestaria, y cualquier acto que contravenga estas disposiciones será considerado nulo de pleno derecho.
Un debate que continúa
La aprobación en lo general del “Plan B” abre paso a una discusión detallada en lo particular, donde se definirán los alcances finales de una reforma que impacta directamente en la estructura del sistema electoral y en el uso de recursos públicos en los distintos niveles de gobierno.
