El pleno del Senado de la República aprobó la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer que las pensiones de funcionarios públicos de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado y otras entidades no podrán superar la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
La asamblea avaló el proyecto en lo general por unanimidad, con 116 votos a favor; en lo particular obtuvo 109 votos a favor y seis abstenciones. Tras su aprobación, la Mesa Directiva del Senado de la República instruyó su envío a la Cámara de Diputados para su análisis.
La reforma establece que el límite también aplicará a pensiones de funcionarios de sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales del gobierno federal. Asimismo, la medida se extenderá a organismos descentralizados, empresas de participación estatal o municipal mayoritaria, empresas públicas y fideicomisos de las entidades federativas y los municipios.
El dictamen precisa que las disposiciones o instrumentos jurídicos que regulen las relaciones laborales no podrán establecer condiciones que rebasen ese tope. Sin embargo, quedan excluidas las pensiones de las Fuerzas Armadas, las jubilaciones o pensiones derivadas de aportaciones voluntarias a sistemas de ahorro para el retiro con cuentas individuales, las constituidas mediante aportaciones sindicales en esquemas de ahorro complementario y la pensión no contributiva.
Un artículo transitorio señala que las jubilaciones o pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor de la reforma, y que no estén dentro de las excepciones, deberán ajustarse al nuevo límite, incluso si actualmente se encuentran vigentes. También establece que los entes públicos deberán revisar y, en su caso, adecuar contratos, condiciones generales de trabajo y demás instrumentos jurídicos que contemplen planes de jubilación o pensión.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la modificación busca ordenar el sistema de jubilaciones financiadas con recursos públicos y evitar pensiones desproporcionadas que generan cargas presupuestarias para las finanzas públicas. Aclaró que la reforma no elimina pensiones ni afecta derechos adquiridos, ya que los montos previamente cobrados no serán reclamados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, señaló que la reforma retoma el espíritu de los Sentimientos de la Nación, en el que José María Morelos y Pavón planteó que las leyes deben moderar la indigencia y la opulencia.
Desde la tribuna, Saúl Monreal Ávila, de Morena, sostuvo que el dictamen consolida la austeridad republicana, la racionalidad del gasto público y la equidad en el sistema de remuneraciones del servicio público.
En tanto, el senador del PAN José Máximo García López respaldó el proyecto al considerar que establece límites razonables a las pensiones públicas, aunque advirtió problemas de técnica legislativa al usar el salario presidencial como referencia, ya que este se fija cada año.
El senador del PVEM Luis Alfonso Silva Romo señaló que, aunque el promedio de las pensiones ronda los siete mil pesos mensuales, existen casos que alcanzan hasta un millón de pesos, lo que genera presiones presupuestarias y pone en riesgo la sostenibilidad de las finanzas públicas.
A su vez, la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria votó a favor, pero consideró que el tope debió fijarse en Unidades de Medida y Actualización y no en el salario presidencial, además de cuestionar que no se incluyera a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La senadora del PT Lizeth Sánchez García afirmó que la reforma busca terminar con privilegios desproporcionados y recuperar el sentido social del Estado mexicano.
Por su parte, Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, expresó el respaldo de su bancada al dictamen, al considerar que permitirá ahorrar hasta cinco mil millones de pesos al año; sin embargo, advirtió preocupaciones sobre la retroactividad y las excepciones contempladas.
Durante la discusión, el pleno rechazó diversas propuestas de modificación presentadas por legisladores de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional.
