La Suprema Corte de México avaló este jueves la realización de un referéndum planteado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para decidir sobre el enjuiciamiento de expresidentes del país, aunque algunos magistrados recordaron que las leyes mexicanas no impiden procesarlos.
La propuesta fue aprobada por seis de los 11 integrantes del máximo tribunal y propone investigar, y “en su caso” sancionar a los exjefes de Estado. La Suprema Corte (SCJN) dio luz verde a la consulta tras debatir el proyecto de uno de sus integrantes, que proponía declararla “inconstitucional”, alegando que puede vulnerar la presunción de inocencia, así como afectar la procuración de justicia y el debido proceso.
“No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a los ciudadanos participar en las grandes decisiones nacionales”, dijo en contraposición Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, al respaldar el referendo.
Luis María Aguilar Morales, quien se opuso a la constitucionalidad de la consulta ciudadana solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que no es procedente una consulta popular para hacer exigibles los derechos humanos ni el cumplimiento de sus garantías de protección.
El ministro Aguilar defendió: “La materia de esta consulta popular se estima inconstitucional porque involucra la restricción de las garantías o mecanismo para la protección de los derechos humanos cada vez que la investigación, persecución y sanción de los delitos es una función esencial del estado mexicano que no puede someterse a la decisión popular. Los derechos humanos no son negociables”.
Los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yasmín Esquivel Mossa, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar votaron a favor de la constitucionalidad de la consulta y por tanto, en contra del proyecto, mientras que José Fernando Franco González, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek votaron por la inconstitucionalidad de la misma.
En un debate posterior, los jueces modificaron la pregunta original que había planteado López Obrador, y que se refería específicamente a cinco expresidentes: Carlos Salinas (1988-1994), Ernesto Zedillo (1994-2000), Vicente Fox (2000-2006), Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018).La nueva pregunta de la Suprema Corte plantea si se debe emprender “un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”, omitiendo el nombre de los expresidentes.
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Entre los Ministros que votaron por la inconstitucionalidad, coincidieron en que no era necesaria dicha consulta para someter a juicio a cualquier persona.
