La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó un proyecto a favor de adoptar un lenguaje inclusivo en las leyes como una medida para apoyar la equidad de género. Durante la sesión única del Pleno del máximo tribunal del país, realizada a través de videoconferencia, los ministros discutieron una acción de inconstitucionalidad promovida contra las reformas a la Constitución de Puebla.
En particular, en el artículo 12 se incluyó un párrafo en el que se establece que todas las leyes de la entidad se aplican por igual a hombres y mujeres “sin perjuicio de la utilización del género masculino para la construcción gramatical del texto legal”.
Margarita Ríos Farjat, ministra encargada de elaborar el proyecto, propuso declarar inconstitucional dicha reforma con el argumento que existe una obligación para que todas las leyes sean redactadas que engloben por igual a hombres y mujeres.
La ministra Ríos-Farjat abundó que la constitución poblana es contraria a la obligación que la constitución general establece desde 2019 para la igualdad de géneros. Una de sus finalidades, dijo, fue “visibilizar a las mujeres mediante la utilización de un lenguaje inclusivo en la redacción de las normas que contemplan el derecho de la ciudadanía a ser votada”.
El ministro presidente Arturo Zaldívar, y la ministra Norma Lucía Piña Hernández respaldaron este argumento. Zaldívar explicó que aunque gramaticalmente el lenguaje incluyente es incorrecto, el tema en este caso no es de formas pues “el lenguaje crea realidad y fortalece o modifica los estereotipos”.
Por su parte, Piña Hernández aseguró que el uso del lenguaje inclusivo en las leyes no es un aspecto meramente formal, sino sustantivo para la igualdad de género; que no se trata de un mero cambio de palabras, sino de la importancia de que el lenguaje incluyente se respete en cada ámbito legislativo.
En contraste, el ministro Alberto Pérez Dayán sostuvo que la construcción gramatical de una ley en términos únicamente masculinos no significa que se aplique solamente a los hombres.
Al votar la propuesta de la ministra Ríos-Farjat no alcanzó la mayoría calificada de ocho votos entre los 11 ministros que integran el Pleno del máximo tribunal del país para poder ser aprobada.
