La Secretaría de La Función Pública dio a conocer los criterios para el manejo de los recursos humanos que, como medida de prevención ante la transmisión del coronavirus COVID-19, se aplicarán en el gobierno federal.
A través de un comunicado, la dependencia informó que la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval presentó los lineamientos en uso de las facultades que le otorgan las fracciones VI y VII del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Este acuerdo publicado en el DOF (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590157&fecha=23/03/2020) establece que las instituciones de la APF pueden permitir el trabajo en casa para los servidores públicos en mayor riesgo: mayores de 60 años, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y quienes tienen enfermedades crónicas. El periodo de implementación será del 23 de marzo al 17 de abril de 2020.
Asimismo, se permiten los días de trabajo alternados para las y los servidores públicos con hijos o hijas menores de 12 años y horarios escalonados de lunes a viernes, considerando ocho horas efectivas diarias de jornada de trabajo.
Para facilitar la gestión de recursos humanos, se determina que en el caso de incapacidades y de la justificación de inasistencias por síntomas de enfermedades respiratorias, se podrán aceptar las constancias electrónicas emitidas por las instancias de Seguridad Social.
Los criterios publicados no implican la autorización de vacaciones, viáticos, pasajes u otro tipo de erogación adicional; y para su aplicación las personas servidoras públicas deberán observar los principios y valores de honestidad, cautela, respeto, responsabilidad y proporcionalidad.
La Función Pública manifiestó que es imperativo asegurar el correcto cumplimiento de programas y objetivos institucionales, así como la prestación de bienes y servicios públicos indispensables para la ciudadanía, por lo que las entidades de la APF deberán continuar con su operación.
La dependencia agregó que estos criterios son obligatorios para las dependencias de la APF, los órganos desconcentrados, los órganos reguladores coordinados en materia energética, la Oficina de la Presidencia de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, y las entidades paraestatales.
Quedan excluidas de su aplicación las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, las Instituciones y autoridades que participen en la Seguridad Nacional, la Guardia Nacional y la de Seguridad Ciudadana, así como las Instituciones que presten servicios públicos de salud y protección civil.
La vigilancia del cumplimiento de los criterios está a cargo de la Función Pública, a través de sus Órganos Internos de Control en todas las dependencias y entidades de la APF, y también le corresponderá la interpretación y resolución de los casos no previstos.
