La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró este miércoles cuatro granjas porcícolas en la Península de Yucatán, debido a que carecían de permisos de impacto ambiental, generaron afectaciones a la biodiversidad y no presentaron resultados de descargas de aguas residuales, así como tener una “inadecuada gestión y manejo de residuos peligrosos”.
El organismo informó que esto fue resultado de denuncias de 21 comunidades mayas de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Informó que realizará estrategias para la atención de la problemática ambiental que genera esta industria en la región y se identificarán proyectos en proceso en zonas de selva baja, que deben evaluarse antes de emitirse un resolutivo favorable.
De acuerdo con Greenpeace y el Equipo Indignación, en noviembre de 2020 las comunidades mayas presentaron una denuncia popular de carácter regional ante las afectaciones ambientales, así como por las violaciones a sus derechos humanos como pueblos indígenas.
Indicó que las cuatro granjas porcícolas clausuradas están en los municipios de Maxcanú, Kinchil, Opichén y Mérida. Recordó que estudios que ha realizado indican que en la península de Yucatán únicamente cuentan con Manifestación de Impacto Ambiental, 22 de las 257 granjas identificadas.
Los integrantes del pueblo maya y las organizaciones “vemos que estas clausuras realizadas por la Profepa son importantes, ya que son el primer paso para frenar las afectaciones ambientales ocasionadas por la industria porcícola”.
Agregaron que “es importante también que se reconozca el derecho a la libre determinación del pueblo maya, dado que entre las violaciones a sus derechos, están la falta de acceso a la información, el derecho a la consulta y al consentimiento, los cuales son fundamentales para garantizar el derecho a la libre determinación”.
Con información de: La Jornada
