La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que recibió solicitudes de detención provisional con fines de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos, relacionadas con el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios; sin embargo, advirtió que los documentos no incluyen elementos de prueba.
De acuerdo con el comunicado oficial, las solicitudes fueron recibidas el 28 de abril y turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR), que será la instancia encargada de determinar su viabilidad conforme a la legislación mexicana.
Sin pruebas anexas en la solicitud
La Cancillería precisó que, tras una revisión jurídica en el marco del Tratado de Extradición bilateral, los documentos enviados por la Embajada de Estados Unidos no contienen elementos probatorios suficientes para acreditar la responsabilidad de las personas señaladas.
“Será la Fiscalía General de la República quien determine si existen elementos probatorios (…) y la viabilidad de las solicitudes”, indicó la dependencia.
FGR definirá si procede la extradición
La SRE subrayó que el procedimiento sigue su curso institucional, por lo que corresponderá a la FGR analizar si existen bases jurídicas para proceder con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.
Este proceso se rige por la Ley de Extradición Internacional y los acuerdos bilaterales vigentes entre México y Estados Unidos.
Reclamo por difusión de información
Además, la Cancillería informó que enviará un “extrañamiento” a la Embajada estadounidense, al considerar que la forma en que se dio a conocer la información podría contravenir disposiciones de confidencialidad establecidas en los tratados internacionales.
Contexto: acusaciones desde Estados Unidos
Las solicitudes de extradición se dan luego de que autoridades estadounidenses presentaran cargos contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, particularmente en actividades relacionadas con el tráfico de drogas.
Ante estos señalamientos, el gobierno mexicano ha insistido en que cualquier acusación debe estar respaldada por pruebas claras y en apego a los mecanismos legales correspondientes.
Postura del gobierno mexicano
La postura de la SRE refuerza la posición expresada previamente por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que las investigaciones deben sustentarse en evidencia y respetar la soberanía nacional.
En este sentido, el caso abre un nuevo frente en la relación bilateral, al combinar procesos judiciales en Estados Unidos con procedimientos legales en México.
