Desde el 9 de enero en México inició el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil, una medida que busca cerrar el paso al uso anónimo de números celulares empleados para extorsión, fraude, acoso y secuestro virtual, delitos que han crecido al amparo de la facilidad con la que se adquieren chips sin identificación.
Durante la Mañanera del Pueblo, autoridades federales ofrecieron precisiones sobre este nuevo esquema que obliga, principalmente a los usuarios de prepago, a asociar sus líneas a la CURP o a la credencial del INE.
México era una excepción internacional. Así lo explicó José “Pepe” Merino, director de la Agencia de Transformación Digital, al señalar que el país figuraba entre los pocos lugares donde era posible comprar un chip telefónico sin acreditar identidad, una brecha que facilitó la operación delictiva desde el anonimato.
La lógica del registro es simple: cada línea debe estar vinculada a una persona, para que, en caso de un delito, exista la posibilidad de rastrear al usuario responsable y reducir la impunidad.
Uno de los principales temores ciudadanos ha sido el manejo de los datos personales. Al respecto, Merino fue enfático: no existe un padrón gubernamental centralizado. El proceso de registro y resguardo de información corre exclusivamente a cargo de las compañías telefónicas, sin intervención del gobierno.
Solo cuando una línea sea utilizada para la comisión de un delito, y bajo los términos del Código Penal Federal, las autoridades podrán solicitar información a las empresas de telecomunicaciones. Dijo Pepe Merino.
El registro puede realizarse de forma presencial o virtual. En el proceso digital se solicita una fotografía del rostro y de la identificación oficial, mediante un sistema de validación biométrica similar al que utilizan instituciones bancarias. En el caso de menores de edad, las líneas deberán quedar a nombre de padres o tutores.
En las próximas dos semanas, las compañías habilitarán una plataforma de consulta para que los usuarios verifiquen qué líneas están asociadas a su CURP y puedan solicitar la baja de aquellas que no reconozcan.
El 30 de junio concluye el plazo para cumplir con el registro. A partir de esa fecha, las líneas no registradas serán desactivadas.
Más allá del trámite, el nuevo padrón abre un debate de fondo sobre seguridad, privacidad y responsabilidad digital, en un país donde la tecnología es parte central de la vida cotidiana y también del entramado delictivo.
