La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó un esquema especial de pensiones e indemnizaciones para jueces y magistrados del estado de Chihuahua que concluyan anticipadamente su encargo como consecuencia de la reforma constitucional al Poder Judicial de 2024.
El esquema aprobado contempla el otorgamiento de una pensión complementaria sin que sea necesario cumplir con los 65 años de edad ni con los 35 años de servicio, requisitos establecidos para el resto de las personas servidoras públicas en la Ley de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua.
Al resolver la acción de inconstitucionalidad 43/2025, el Pleno del máximo tribunal avaló por mayoría de votos el Decreto de Reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua en materia de jubilación y retiro anticipado de jueces y magistrados, publicado el 20 de febrero de 2025.
Durante la discusión del asunto, la Ministra Lenia Batres expresó su voto en contra al considerar que otorgar una pensión a personas juzgadoras con apenas 10 años de servicio y sin cumplir con la edad mínima requerida genera una situación de desigualdad frente a otras personas servidoras públicas que sí deben cumplir con los requisitos legales establecidos.
El proyecto que respaldó la mayoría se sustentó en el argumento de una posible afectación al principio de inamovilidad de las personas juzgadoras, criterio que algunos ministros de la anterior integración de la Corte habían señalado al analizar la reforma judicial.
