La Fiscalía General de la República (FGR) informó la conclusión de la investigación sobre el siniestro ferroviario ocurrido en la línea Z del Tren Interoceánico, tras agotar todas las líneas de indagatoria para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.
En un mensaje dirigido a la ciudadanía, la fiscal Ernestina Godoy Ramos expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que aseguró haber desplegado todas sus capacidades técnicas, ministeriales y periciales para garantizar el acceso a la justicia, la reparación del daño y evitar la impunidad.
Como resultado de las investigaciones, la FGR acreditó la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. Las autoridades ministeriales integraron cuatro carpetas de investigación, mismas que derivaron en órdenes de aprehensión, cateos y la vinculación a proceso de los presuntos responsables.
En contraste, el delito de daño en bienes fue resuelto mediante el perdón otorgado por la empresa afectada.
Uno de los puntos clave del informe es el descarte del delito de ataques a las vías generales de comunicación. De acuerdo con los dictámenes periciales en arquitectura, ingeniería civil y seguridad industrial, la infraestructura ferroviaria —incluyendo rieles, durmientes, fijaciones y balasto— cumplía con la normatividad vigente al momento del siniestro.
Asimismo, la Fiscalía descartó posibles actos de corrupción o uso indebido del servicio público. Esta conclusión se sustenta en auditorías realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que revisaron 41 contratos vinculados con la construcción, mantenimiento y operación del sistema ferroviario, sin encontrar irregularidades de carácter penal.
Los peritajes también confirmaron que tanto la infraestructura como el material rodante —locomotoras y vagones— cumplían con los estándares técnicos requeridos.
En materia de atención a víctimas, la FGR destacó que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y mediante mecanismos alternativos de solución de controversias, se logró la firma de acuerdos reparatorios.
Hasta el momento, 145 personas —114 adultos y 31 menores de edad— han recibido reparación integral del daño, lo que derivó en la extinción de la acción penal en esos casos, señalo la fiscal.
Godoy Ramos subrayó que estos mecanismos representan una vía más ágil y eficaz para garantizar justicia a las víctimas, al permitir compensaciones directas sin prolongar procesos judiciales.
Finalmente, anunció que la FGR puso a disposición del público un informe conclusivo en su portal oficial, reiterando su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la protección de las víctimas y el principio de legalidad.
“Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluyó Godoy.
