Ciudad de México.— El Senado de la República inició la discusión del dictamen de reforma constitucional conocido como “Plan B” electoral, una propuesta que busca fortalecer la revocación de mandato, reducir privilegios en organismos electorales y disminuir el gasto público en distintos niveles de gobierno.
La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el pasado 17 de marzo, plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de incluir disposiciones transitorias para su implementación.
Durante el debate, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, subrayó que la reforma tiene una “gran relevancia constitucional y democrática”, al replantear el ejercicio del poder público como una responsabilidad y no como un privilegio.
El legislador destacó que la propuesta busca eliminar excesos y beneficios injustificados dentro del servicio público, al tiempo que fortalece la revocación de mandato como un mecanismo efectivo de participación ciudadana.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza Cázarez, afirmó que el proyecto representa una redefinición del servicio público, al establecer que el ejercicio del poder debe regirse por principios de humildad, sobriedad y responsabilidad.
Asimismo, consideró que la reforma impulsa una democracia más participativa y permanente, al reforzar el papel de la ciudadanía en la toma de decisiones y en la evaluación de sus gobernantes.
El dictamen también contempla ajustes en la integración de los ayuntamientos para evitar distorsiones en la representación, así como medidas para garantizar que los recursos públicos se orienten directamente al beneficio de las comunidades.
En el debate, la asamblea rechazó una moción suspensiva presentada por el senador Agustín Dorantes Lámbarri, quien solicitaba devolver el proyecto a comisiones para una revisión más detallada. La propuesta fue desechada con 77 votos en contra y 39 a favor.
El análisis del “Plan B” electoral continúa en el Senado, en medio de posturas encontradas sobre su impacto en el sistema democrático y en la estructura del gasto público.
