El Senado de la República aprobó la reforma constitucional en materia electoral, conocida como “Plan B”, con una mayoría calificada de 87 votos a favor y 41 en contra, por lo que el proyecto fue turnado a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual ratificación.
Durante la discusión, el Pleno avaló en lo general y en lo particular el dictamen que modifica diversas disposiciones de la Constitución Política, aunque aceptó una reserva presentada por la senadora Lizeth Sánchez García, del Partido del Trabajo (PT), para eliminar los cambios al artículo 35 relacionados con la revocación de mandato, manteniendo esta figura en sus términos actuales.
La legisladora argumentó que, si bien su bancada respalda el proyecto de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la revocación de mandato y los procesos electorales tienen objetivos distintos y no deben mezclarse, ya que ello podría distorsionar su sentido democrático.
El dictamen también establece nuevas disposiciones para la integración de los ayuntamientos, que podrán contar con una sindicatura y hasta 15 regidurías, así como límites al presupuesto de los congresos locales, que no deberán exceder el 0.70 por ciento del presupuesto estatal.
En materia de remuneraciones, se fija que funcionarios electorales —incluidos consejeros y magistrados— no podrán percibir ingresos superiores a los de la titular del Ejecutivo federal, medida que también aplicará a órganos electorales locales.
Asimismo, el proyecto contempla una reducción progresiva del presupuesto del Senado, que deberá disminuir hasta en un 15 por ciento acumulado en un plazo de cuatro años, según lo establecido en los artículos transitorios.
Posturas encontradas
El debate evidenció posturas divididas entre las fuerzas políticas. Desde Morena, la senadora Martha Lucía Micher defendió la reforma al señalar que fortalece la soberanía popular y consolida la revocación de mandato como un instrumento efectivo de control ciudadano.
En contraste, la senadora del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, criticó el dictamen al considerar que centraliza el poder y vulnera el federalismo, al imponer criterios sobre la integración de gobiernos municipales sin consultar a los congresos locales.
Por su parte, el coordinador del PRI, Manuel Añorve Baños, acusó que la reforma busca ejercer control político sobre las entidades federativas, mientras que el senador del PVEM, Waldo Fernández González, sostuvo que se trata de una propuesta que promueve eficiencia administrativa y límites razonables en la integración de los cabildos.
Desde Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda Hoeflich expresó el rechazo de su bancada al considerar que la reforma no aporta beneficios a la ciudadanía y podría generar inequidad en el sistema electoral.
Con la aprobación en el Senado, la reforma constitucional inicia ahora su ruta legislativa en la Cámara de Diputados, donde deberá ser discutida y, en su caso, aprobada para avanzar hacia su eventual promulgación.
