El Senado de la República recibió este martes una iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que propone reformas a la Constitución con el objetivo de reducir privilegios en el servicio público y fortalecer la figura de la revocación de mandato.
El documento fue recibido por la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y plantea cambios basados en principios de austeridad, uso eficiente del gasto público y fortalecimiento de la democracia participativa.
Durante el acto de entrega, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó la propuesta como “una iniciativa noble para el pueblo de México”, al considerar que impulsa la austeridad republicana y la participación ciudadana.
La iniciativa busca garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes más lo necesitan, al tiempo que refuerza la revocación de mandato como un mecanismo constitucional para que la ciudadanía pueda remover, de manera institucional y pacífica, a gobernantes que no respondan al interés público.
Entre los principales cambios, se propone modificar el artículo 134 constitucional para que todos los entes públicos —federales, estatales, municipales y alcaldías de la Ciudad de México— ajusten las remuneraciones de sus servidores públicos a los límites establecidos en el artículo 127.
Asimismo, se plantea prohibir la contratación de seguros privados de ahorro con recursos públicos en beneficio de funcionarios, como el Seguro de Separación Individualizado o cajas de ahorro especiales, salvo en casos establecidos por la ley o contratos laborales.
En materia presupuestal, la propuesta contempla que el Senado realice un ajuste de al menos 15 por ciento respecto a su presupuesto aprobado para 2026, con el fin de reducir gastos y eliminar privilegios en la alta burocracia.
También se establece que los congresos estatales deberán mantener coherencia entre su presupuesto y el total del gasto público de sus entidades.
En el ámbito municipal, la iniciativa propone modificar la integración de los ayuntamientos, limitando su composición a una sindicatura y un máximo de 15 regidurías por municipio, con el objetivo de evitar excesos y fortalecer la representación democrática.
Además, los recursos que se liberen por estos ajustes deberán permanecer en los municipios para destinarse a servicios públicos, obra local y acciones que impacten directamente en el bienestar de la población.
La propuesta forma parte de la agenda del Ejecutivo federal para combatir la corrupción, reducir el dispendio y consolidar un modelo de gobierno basado en la austeridad y la rendición de cuentas.
