Ciudad de México.— La Cámara de Diputados aprobó por mayoría calificada la reforma al artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el objetivo de establecer un límite a las jubilaciones y pensiones de las personas servidoras públicas en todos los niveles de gobierno.
El dictamen fue avalado en lo general por unanimidad, con 458 votos, y en lo particular con 363 votos a favor, 64 en contra y 25 abstenciones. El proyecto fue turnado a las legislaturas estatales y al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y eventual ratificación.
La reforma establece que las jubilaciones y pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas, fideicomisos y otras entidades paraestatales no podrán exceder la mitad de la remuneración asignada a la persona titular del Ejecutivo Federal en el presupuesto correspondiente.
Asimismo, el documento incorpora lenguaje inclusivo al sustituir términos como “presidente de la República” por “persona titular del Ejecutivo Federal” y “servidor público” por “persona servidora pública”.
Alcances y excepciones
El decreto señala que ninguna disposición laboral podrá establecer condiciones que superen el límite fijado. No obstante, quedan excluidas las pensiones de las Fuerzas Armadas, así como aquellas derivadas de aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro, aportaciones sindicales en esquemas complementarios y la pensión no contributiva prevista en el artículo 4º constitucional.
En el régimen transitorio se establece que las pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al nuevo límite, salvo las excepciones señaladas, aunque se respetarán los haberes de retiro previamente reconocidos conforme al marco constitucional vigente.
Además, los entes públicos deberán revisar y adecuar sus contratos, condiciones laborales y disposiciones jurídicas para alinearse con la reforma en un plazo no mayor a 90 días.
Impacto presupuestal y legislativo
El decreto también precisa que su implementación no implicará ampliaciones presupuestales, ya que los gastos deberán cubrirse con los recursos aprobados en el ejercicio fiscal vigente y subsecuentes.
Durante la discusión en lo particular, legisladores de distintas fuerzas políticas presentaron reservas que, en su mayoría, fueron retiradas, desechadas o turnadas para su publicación en el Diario de los Debates.
El diputado Raúl Bolaños Cacho Cué, quien presidió la sesión, informó que se presentaron diversas propuestas de modificación al proyecto, las cuales no prosperaron.
Con esta reforma, el Congreso busca establecer criterios de austeridad y equidad en el sistema de pensiones del sector público, en línea con las políticas de control del gasto y racionalización de recursos.
