Las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobaron el proyecto para expedir la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, en una votación que evidenció respaldo mayoritario, pero también críticas de la oposición.
El dictamen fue avalado con 23 votos a favor y cinco en contra, y plantea un nuevo marco jurídico para ordenar y fortalecer la inversión en proyectos de infraestructura pública estratégica, mediante esquemas de participación entre los sectores público y privado.
De acuerdo con el senador Homero Davis Castro, el objetivo es dotar al país de un modelo integral que garantice certidumbre, disciplina fiscal y transparencia en el desarrollo de proyectos, bajo la rectoría del Estado.
La iniciativa contempla 141 artículos e introduce mecanismos como los “Vehículos de Propósito Específico”, figuras diseñadas para facilitar la estructuración financiera de proyectos sin generar, por sí mismas, obligaciones directas para el Estado.
Además, propone la creación de un Consejo de Planeación Estratégica para la Inversión en Infraestructura, encargado de definir prioridades y evaluar proyectos, así como una Base Nacional de Infraestructura Estratégica que permita mejorar la toma de decisiones.
Control, financiamiento y sostenibilidad
El proyecto incorpora un esquema de “triple control” —evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior—, explicó el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, quien destacó que la intención no es abrir la puerta a cualquier inversión, sino establecer reglas claras y verificables.
Entre los elementos novedosos, se incluye la participación del sector social —cooperativas, comunidades y ejidos— en la cadena de valor de la infraestructura, así como criterios obligatorios de sostenibilidad ambiental, análisis de impacto ecológico y medidas frente al cambio climático.
Asimismo, con la reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se fortalecen los mecanismos de control del gasto público, incluyendo el registro de compromisos plurianuales, la transparencia de pasivos y la evaluación de riesgos fiscales antes de autorizar proyectos.
El dictamen se presenta en un contexto internacional marcado por la relocalización de cadenas productivas (nearshoring), la revisión del T-MEC y una mayor competencia global por atraer inversión, lo que, según legisladores oficialistas, hace necesario fortalecer la infraestructura logística, energética e hídrica del país.
Críticas de la oposición
Pese al respaldo mayoritario, legisladores de oposición expresaron preocupaciones sobre posibles riesgos en la implementación de la ley.
El senador Raymundo Bolaños Azocar, del PAN, advirtió que, aunque se requiere inversión en infraestructura, el dictamen podría abrir la puerta a discrecionalidad y a un manejo ineficiente del gasto público.
En el mismo sentido, el senador Rolando Zapata Bello, del PRI, sostuvo que la propuesta no garantiza un impulso real a la infraestructura, sino que podría implicar un rediseño “preocupante” en la forma en que el Estado compromete recursos públicos.
Por su parte, el senador de Morena Francisco Chíguil Figueroa defendió la reforma al señalar que establece controles para evitar proyectos inconclusos y asegura una contabilidad integral de riesgos y compromisos financieros.
Cambios al Código Fiscal
En la misma sesión, las comisiones aprobaron también una reforma al artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, con 26 votos a favor y dos abstenciones, que elimina el orden obligatorio de las garantías de interés fiscal.
Con esta modificación, los contribuyentes podrán elegir libremente la modalidad de garantía que mejor se adapte a su situación, lo que, según los legisladores, permitirá un sistema más flexible y menos burocrático, sin afectar la protección de los intereses del Estado.
El proyecto de ley en materia de infraestructura será turnado al Pleno para su discusión, en medio de un debate que combina la necesidad de detonar inversión con las preocupaciones sobre transparencia, endeudamiento y control del gasto público.
