Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron por unanimidad, con 32 votos a favor, el dictamen que reforma el artículo 127 de la Constitución para establecer límites a las jubilaciones y pensiones en el sector público.
La iniciativa establece que estos ingresos no deberán exceder la mitad de la remuneración establecida para la persona titular del Poder Ejecutivo Federal, conforme al presupuesto correspondiente.
La disposición aplicará al personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, sociedades nacionales de crédito, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos constitutivos de entidades paraestatales del Gobierno Federal. También se extenderá a organismos descentralizados, empresas estatales o municipales y fideicomisos públicos de las entidades federativas y los municipios.
La reforma contempla algunas excepciones, entre ellas las pensiones de las Fuerzas Armadas; las que se generen a partir de aportaciones voluntarias en sistemas de ahorro para el retiro basados en cuentas individuales; las derivadas de aportaciones sindicales en sistemas de ahorro complementario, así como la pensión no contributiva.
En sus disposiciones transitorias, el dictamen señala que las jubilaciones y pensiones otorgadas antes de la entrada en vigor del decreto deberán ajustarse al nuevo límite, incluso aquellas que actualmente se encuentren vigentes.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, explicó que esta reforma forma parte del paquete de iniciativas enviado al Congreso por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de “acabar con privilegios y desigualdades que han permanecido durante mucho tiempo”.
Durante la discusión, el senador de Morena Miguel Pavel Jarero Velázquez afirmó que la modificación no elimina derechos laborales legítimos, sino que busca “poner orden” en el régimen de pensiones y eliminar privilegios, para destinar más recursos a programas sociales.
Por su parte, el senador del PAN Ricardo Anaya Cortés coincidió en que es “indefendible” que algunos exfuncionarios reciban pensiones de entre 300 mil y un millón de pesos mensuales; sin embargo, propuso que el límite se establezca con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario presidencial.
El senador del PT Alejandro González Yáñez sostuvo que la reforma no vulnera el principio de no retroactividad establecido en el artículo 14 constitucional, al señalar que existen precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que permiten medidas retroactivas en materia de recursos públicos.
Desde el PVEM, la senadora Juanita Guerra Mena subrayó que la modificación busca garantizar un manejo equilibrado de los recursos públicos y fortalecer la confianza en las instituciones.
En contraste, la senadora del PRI Carolina Viggiano Austria advirtió que la reforma podría ser utilizada políticamente para afirmar que se eliminaron pensiones a “corruptos”, sin claridad sobre el destino de los recursos, además de que podría poner en riesgo el principio de legalidad.
El senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas coincidió en que las pensiones millonarias son injustificables, pero cuestionó que el límite se establezca con base en el salario presidencial y criticó las excepciones contempladas en la reforma.
