- Entre las modificaciones se añaden facultades al IMPI y se simplifica el registro de marcas y patentes
Las Comisiones Unidas de Economía y de Estudios Legislativos Primera, que presiden los senadores Emmanuel Reyes Carmona y Manuel Huerta Ladrón de Guevara, respectivamente, aprobaron el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en materia de transferencia de tecnología y simplificación de procesos de protección de patentes y registro.
El dictamen, avalado por 14 votos a favor en ambas comisiones, agrega como objeto de la citada ley fomentar la transferencia tecnológica y define los activos intangibles como aquellos bienes inmateriales producto de las ideas, el conocimiento, la creatividad y la innovación sujetos de protección industrial.
Además, le otorga al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) la facultad de sustanciar el reclamo de la titularidad de una patente o de un registro, o la cesación de los efectos de la publicación de un nombre comercial.
El IMPI también podrá brindar asesoría jurídica en materia de licencias, cesiones, transmisiones de derechos u otros instrumentos jurídicos para la contratación de transferencia de tecnología, así como prestar servicios de evaluación y valuación de activos intangibles regulados por la ley.
De igual forma, el instituto establecerá esquemas de cooperación con la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación para el desarrollo de la innovación, avance de la ciencia y tecnología, protección de la propiedad industrial y transferencia de tecnología.
Respecto de patentes y registros, refiere que si no hubiere sido concedido a quien no tuviere derecho a obtenerlo, la persona legitimada conforme a lo dispuesto en la ley podrá reclamar la titularidad, sin perjuicio de cualesquiera otros derechos o acciones que puedan corresponderle. Y el reclamo de la titularidad podrá ejercerse en cualquier tiempo.
Sobre la renovación de un registro, se establece que el IMPI deberá resolver en un plazo máximo de dos meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud o, en su caso, de la fecha en que se subsane el último requerimiento realizado por el Instituto.
En ese mismo sentido, en caso de que el IMPI no haya emitido la resolución definitiva dentro del plazo legal, se entenderá resuelta en sentido afirmativo, salvo que ello contravenga alguna disposición establecida en la presente Ley o en los Tratados Internacionales de los que México sea parte.
En el capítulo Tramitación de Patentes de la ley se añade la figura de solicitud provisional, la cual podrá presentar la persona inventora. Asimismo, con la finalidad de agilizar la tramitación de una solicitud de patente, una vez aprobado el examen de forma, el Instituto informará a la persona solicitante la posibilidad de iniciar el trámite de publicación anticipada.
Los cambios también contemplan que el plazo para que el IMPI resuelva en forma definitiva sobre el otorgamiento o negativa de patentes o modelos de utilidad, no deberá exceder de cuatro años contado a partir de que se inició el examen de fondo de la solicitud correspondiente. Y en caso de diseños industriales, el plazo no deberá exceder los dos años contado a partir de que se inició el examen de fondo de la solicitud.
En el capítulo “Marcas, Avisos y Nombres Comerciales”, se precisa que no serán registrables como marca los nombres técnicos o de uso común, así como aquellas palabras, denominaciones, frases, sonidos o elementos figurativos de los productos o servicios que pretenden distinguirse con la marca y que carezcan de distintividad.
Tampoco serán registrables como marca los títulos de publicaciones y difusiones periódicas, los personajes ficticios o simbólicos, los personajes humanos de caracterización, los nombres artísticos y las denominaciones de grupos artísticos.
Además, no serán registrables los signos idénticos o semejantes en grado de confusión a los elementos que formen parte o se vinculen de manera clara al desarrollo del patrimonio cultural, conocimientos y expresiones culturales tradicionales, así como a las manifestaciones asociadas a los mismos y la propiedad intelectual colectiva de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, salvo que la solicitud sea presentada por personas integrantes de dichas comunidades.
El dictamen fija sanciones administrativas en el ejercicio de actividades industriales o mercantiles, actos que causen o induzcan al público a confusión, error o engaño, por hacer creer o suponer infundadamente la existencia de una relación de patrocinio oficial entre un signo distintivo y un evento público o privado de concentración masiva. También se sancionarán diversas conductas previstas en la ley si se realizan mediante el uso de Inteligencia Artificial.
Al explicar las reformas, el senador Emmanuel Reyes Carmona dijo que abonan al fortalecimiento de las cadenas regionales incluidas en el T-MEC y la relocalización industrial, ello, para contar con un sistema moderno y competitivo.
Con esto, añadió, el IMPI se convierte en un promotor de innovación y transferencia tecnológica, además de que se robustecen las sanciones en torno al uso de inteligencia artificial. “Con estos cambios también se simplifica, digitaliza y da certeza jurídica para bajar los tiempos de patentes y diseños industriales”.
Por su parte, el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara comentó que estas reformas contienen medidas para agilizar procedimientos, fortalecer la certeza jurídica y mejorar la eficiencia institucional.
“Se busca que el sistema mencione mejor para quienes innovan, a través de la reducción de plazos en algunos procedimientos, proteger la propiedad industrial y facilitar el desarrollo tecnológico”, apuntó.
Del PAN, el senador Raymundo Bolaños Azocar reconoció el dictamen porque es acorde con los compromisos internacionales, aunque no corrige de todo lo que se requiere, porque “no solo se trata solo de reducir plazos en la ley, sino a través de herramientas de eficiencia administrativa que no se reflejan en el dictamen”.
A su vez, el senador Rolando Zapata Bello, del PRI, consideró que las reformas son un esfuerzo para garantizar la certeza jurídica y brindar protección eficaz a la invención, las marcas y las patentes. No obstante, estimó que la digitalización debe tener mayor presencia.
