#LaPeleaxLaCiencia
| Por: Bertha Alicia Galindo |  |
En los últimos meses, el sector de ciencia y tecnología mexicano ha estado presente en los medios de comunicación, pero no ha sido por un nuevo descubrimiento o una innovación, lo cual sería altamente deseable. Las primeras planas y noticias han sido por las diferencias que hay entre la dirección del Conacyt y grupos de científicos en desacuerdo con la nueva ruta que está tomando la ciencia en México.
El golpe de timón se vio claro cuando se dio a conocer la iniciativa de Ley de Ciencia de la Senadora Ana Lilia Rivera, en donde quedaba plasmado un memorándum de austeridad, se mencionaba la desaparición del Consejo Consultivo de Ciencias de la Presidencia, la desaparición del Foro Consultivo y las protestas y ataques en los medios no se dejaron esperar. Desde enero, la ciencia mexicana ha ido de mención en mención, ya sea porque no se han publicado aún todas las convocatorias del Conacyt, como la de ciencia básica o porque los científicos acusan al Presidente López Obrador de “No apoyar, ni entender a la ciencia”, que hasta se han animado a manifestarse (como nunca lo habían hecho) a las puertas de Palacio Nacional, algún grupo de cientific@s.
No abundaré en estos temas porque sobre ellos ya mucho se ha escrito, sino que señalaré dos temas en los que prácticamente han pasado de noche y que son los que deberían estarse discutiendo y comentando por parte de la comunidad científica que son: 1) presupuesto y 2) la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología.
El Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se recibirá el 8 de septiembre en la Cámara de Diputados. En este año hubo muchos recortes, en todas las áreas del gobierno. Muchos de estos recortes han sido calificados como “machetazos” al gasto gubernamental y en algunos casos, se han revertido, como fue el caso del presupuesto para la UNAM. Sin embargo, en la mayoría, las medidas de austeridad han sido aplicadas sin mediación alguna, con la promesa de que el próximo año se harán los ajustes correspondientes.
Este es el caso del presupuesto para ciencia y en donde se puede hacer ese ajuste es en el Congreso. De hecho, ante las quejas suscitadas por la austeridad republicana en la propia Cámara de Diputados se ha reconocido que, por las prisas, hay cosas que no se planearon bien. La Diputada Tatiana Cluothier ya lo ha reconocido públicamente en varias ocasiones, la primera de ellas, fue en el primer foro organizado para analizar el sistema de CTI:
“Yo sí quiero hacer un compromiso. Llegamos muy rápido a este primer presupuesto y muchas cosas entraban en juego al tener un nuevo gobierno, sin embargo tenemos todo este año para apuntalar y poder hacer compromisos de que en el presupuesto que viene tener en los números más porcentaje de recursos del propio gobierno para este tema tan fundamental”
Y hace unos días, lo repitió en Nuevo León, en otro foro sobre la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación:
““Amor con amor se paga”, la mejor manera de decir que estamos comprometidos con ciencia y tecnología será a la hora del presupuesto. Todos sabemos que en los eventos se dice te apoyo, te apoyo, y hay todos los abrazos, todos los cariños, pero si no hay acciones acompañadas de economía, no funciona.”
Una muestra de que hay un interés en abordar el tema del presupuesto para CTI más a fondo fue la Primera Convención Nacional Presupuestaria en materia de ciencia, tecnología e innovación donde se habló del presupuesto para ciencia y tecnología. En esta Convención organizada por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Alfonso Ramírez Cuéllar, su presidente, adelantándose a los ponentes, dijo que la caída en el presupuesto del sector de ciencia viene ocurriendo desde 2015, algo que los que seguimos a este sector, lo tenemos muy presente. Así fue.
“De ese año a la fecha casi hemos reducido el 50 por ciento en el ramo 38, y esto ya tiene que ser parado, esta caída tiene que ser detenida y 2020 tiene que ser el año de la recuperación”
En la misma sintonía está Mario Delgado, quien a finales de julio dijo que van a cumplir con los compromisos en educación, ciencia y tecnología y en mejorar los servicios de salud del país.
Con las aseveraciones mencionadas, pareciera que, las cosas, presupuestalmente hablando irán mejor; aunque claro, que todo puede pasar en el camino y podría haber cambios de última hora.
En el caso de la Ley, las cosas cambian. Mientras la propuesta de la Senadora Rivera se quedó en la congeladora; como parte de la nueva Reforma Educativa se aprobaron modificaciones en los Artículos 3° y 73 de la Constitución, que darán luz a una Ley General de Ciencia y Tecnología.
Cabe señalar que esta iniciativa no es de la 4T, se presentó en el Senado el año pasado por parte del entonces Senador y ahora diputado, Juan Carlos Romero Hicks y quien en ese entonces, coincidió en los tiempos en los que estaba por votarse otra iniciativa de Ley de Ciencia y Tecnología que también ya quedó en el recuerdo: La Ley Cabrero.
No hay que perder de vista que esta Reforma Constitucional fue parte de un acuerdo político para la que se aprobara la Reforma Educativa, Reforma en la que, al final, el PAN decidió no participar, pero con los votos del resto de los legisladores fue suficiente para su aprobación. Aunque hay que decir, que aunque está en la oposición, los morenistas le reconocen a Romero Hicks la iniciativa.
Hay que precisar, que para el caso del artículo 3°, fracción II la Carta Magna dice ahora lo siguiente:
“La Educación que obligatoriamente imparta el Estado se basará en los resultados del progreso científico y se beneficiará del desarrollo tecnológico, será crítica e interdisciplinaria.”
Y en la fracción V del mismo artículo 3° el texto es el siguiente:
“Toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones.
El Estado apoyará, fomentará, incentivará y difundirá la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, como áreas prioritarias para el desarrollo nacional, las cuales se orientarán con una visión de largo plazo y se enfocarán a la atención y solución de los problemas y necesidades nacionales, corresponde al Estado junto con los sectores sociales público y privado; garantizar su financiamento, conservación, desarrollo y difusión; asimismo, alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura.
Y en el caso del Artículo 73, que se refiere a las facultades del Congreso, en la fracción XXIX-F ahora dice:
“Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión extranjera y la transferencia de tecnología; asimismo para expedir la ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación a fin de promover la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional y establecer los mecanismos de coordinación y financiamiento entre las entidades federativas, los municipios y la Federación para consolidar el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación.”
Habrá que explicar que las leyes generales distribuyen las competencias y atribuciones entre los distintos órdenes de gobierno (federación, estados y municipios) Esto significa que, en el caso de la ciencia, ya no serán válidas las leyes estatales de CTI. Habrá una sola ley para todos los estados. Por años, ha habido una gran inequidad en los estados en lo que se refiere a ciencia: mientras Jalisco y Nuevo León han consolidado sus sistemas de CTI, en Campeche, Oaxaca y Quintana Roo, el avance ha sido muy pequeño.
La Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación debe expedirse en 2020, antes de ella se deberá discutirse también PECITI, el programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación. Es más que obvio que en su confección van a participar las fuerzas políticas representadas en el Congreso ¿qué tanto estarán plasmadas las peticiones, sugerencias, experiencias de quienes han participado en Foros, Conversatorios y otras reuniones? Está por verse ¿Pronóstico Reservado? ¿Habrá sorpresas? Es posible.
Ya desde la transición se había planteado darle el control total del Ramo 38 al Conacyt, esta dependencia ahora solo ejerce una tercera parte de ese presupuesto. Es altamente probable que, en la Ley General de Ciencia esto quede plasmado y de ahí, tendrá que venir una reorganización de los fondos del sector. No hay duda de que la pelea estará en los fondos que se destinen a la innovación y al emprendimiento. Con la desaparición del Programa de Estímulos a la Innovación y la extinción del Instituto Nacional del Emprendedor, el INADEM, este sector quedó relegado en lo que va de la administración, ya veremos si el próximo año esto cambia.
¿Qué otras cosas puede traer la Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación? Un reajuste en el ecosistema de CTI en donde se ubica el Foro Consultivo. ¿Desaparecerá? ¿Se transformará? O, como se dice en algunos círculos: ¿intentará mantenerse recurriendo a la vía legal, al amparo? La razón que se argumenta es que, aunque se trata de una asociación civil, el Foro Consultivo se crea en la Ley de Ciencia y Tecnología, existe por Ley y no se puede desaparecer por orden presidencial. Es cierto, hay leyes a las que todos nos debemos apegar y en el caso de que esto ocurra, es algo legítimo, pero si el argumento legal es el cumplimiento de la ley, la pregunta que surge de manera natural es ¿Por qué no se tomó esa vía legal cuando no se cumplió la asignación presupuestal del 1% del PIB para CTI a la que mandata esa misma ley? ¿Por qué está reacción ante la afectación de un solo organismo?
En una de las conferencias mañaneras el Presidente López Obrador dijo que los amparos son un deporte nacional, pero que también se han convertido en un sabotaje legal.
Si algo tiene muy claro el Presidente López Obrador, es el significado de las palabras, aunque para muchos son ocurrencias, el uso de la palabra sabotaje no lo es. Tan solo ver el significado de la palabra en el Diccionario del Español Jurídico de la Real Academia Española: en Derecho mercantil, Civil y Penal el sabotaje se define como: Daño o deterioro que se hace en instalaciones, productos, etc., como procedimiento de lucha contra organismos rectores, patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos, o bien como método para beneficiar a una persona o grupo.
La definición general lo define como: Oposición u obstrucción disimulada contra proyectos, órdenes, decisiones, ideas, etc.
El amparo es una garantía judicial, es un recurso mediante el cual una persona física o moral, ejercita el derecho de acción ante un órgano jurisdiccional federal o local, para reclamar de un órgano del Estado, federal, local o municipal, denominado “autoridad responsable”, un acto o ley que, el citado quejoso estima, vulnera las garantías individuales mediante el cual pide que se le restituya o mantenga en el goce de sus presuntos derechos, después de agotar los medios de impugnación ordinarios.
¿Se tomará esta vía legal? Espero que no, porque ello marcará un alejamiento aún más grande, del que hoy ya hay, entre un sector de la comunidad científica y la sociedad.
Hasta ahora muchos de los argumentos que se han presentado en contra de las decisiones de gobierno han sido que se está atentando contra la libertad de investigación, que hubo una afectación a los derechos humanos al ser necesario que, un viaje tuviera que ser autorizado por el propio presidente, que se está desmantelando la ciencia, que habrá retrocesos, que se están fugando miles de cerebros y otros más. Pero también se han dado expresiones que se pueden catalogar de lamentables, viniendo de las personas con mayor educación en el país, me refiero a la denostación y grosería con la que algunos científicos se expresan y se refieren hacia la directora del Conacyt. Para algunos es la fórmula correcta de hacer ver los errores, pero fuera del ámbito científico esto se ve como peleas entre grupos en donde como en las luchas callejeras y de la arena pública, van a dos de tres caídas con revancha. Pura pelea, no hay debate, que es lo que hace falta ver: intercambio de ideas, no la inmediata y burda descalificación.
En los últimos meses hemos visto una dura pelea por la ciencia, la ciencia que se hace con recursos públicos que está más que obligada a la rendición de cuentas. La nueva Ley abre la puerta a nuevos espacios de colaboración para que los beneficios de la ciencia lleguen a todos. Es un cambio de rumbo que algunos no parecen estar de acuerdo en emprender ¿qué pasará? A partir del 8 de septiembre lo veremos.
