La invasión a Venezuela con más de 40 muertos y la captura de Nicolás Maduro, sienta un peligroso precedente para la región americana y el mundo.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos ejecutó una operación militar sin parangón en el hemisferio occidental desde la invasión de Panamá en 1989: bombardear objetivos en Venezuela, atacar instalaciones estratégicas y capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para trasladarlos a Nueva York donde enfrentarán cargos penales federales por presuntos actos de narcotráfico y conspiración.
Desde la Casa Blanca, el expresidente Donald Trump aplaudió la acción como una muestra de “firmeza” y aseguró que Estados Unidos “dirigiría” a Venezuela hasta garantizar una transición que considere “segura y apropiada”. Pero tras la retórica triunfalista subyace una verdad inquietante: lo que se presenta como una cruzada contra el crimen organizado es, de hecho, un acto de intervención militar no autorizado, con enormes costos legales y políticos.
La administración Trump ha intentado encuadrar la acción como una extensión del derecho penal estadounidense: Maduro estaría siendo detenido para responder por sus actividades delictivas. Sin embargo, constitucionalistas y expertos en derecho internacional han advertido que una operación militar de este tipo —sin mandato del Congreso ni respaldo de la ONU— constituye una violación flagrante del derecho internacional y de la separación de poderes de EE. UU..
El propio Congreso no fue consultado antes de lanzar los ataques, un punto que legisladores tanto demócratas como algunos republicanos han subrayado como una transgresión de la Constitución estadounidense. Esta ausencia de autorización habla menos de urgencia y más de premeditación política sin controles democráticos claros.
La narrativa de Trump “vamos a hacer a Venezuela grande de nuevo” y que este lunes fue secundada por su representante ante las Naciones Unidas, el Embajador Mike Waltz, quien repitió que la decisión de el presidente Donald Trump es hacer lo mejor para los venezolanos” inevitablemente hace eco a viejas justificaciones hegemónicas que nos rememoran a un imperio colonialista de el siglo XVIII y XIX.
En primeria instancia, Donald Trump proclamó en su primera conferencia de prensa que Estados Unidos “dirigirá” Venezuela, la administración no solo ignora la soberanía jurídica del pueblo venezolano, sino que abre una peligrosa puerta: ¿Qué evitará entonces, que otras potencias repitan la lógica de capturar líderes extranjeros bajo cargos políticos o criminales? La respuesta es nada. Esta acción reduce el derecho internacional a un juego de intereses, no de normas.
Durante todo este tiempo, desde el inicio de su segundo mandato, Donald Trump ha defendido la operación como parte de su lucha contra el narcotráfico, retratando a Maduro como un capo que exportaba drogas a Estados Unidos. Pero esta narrativa choca con la historia reciente de su política de clemencia: el perdón a altos narcos centroamericanos y la falta de acciones comparables contra otros cárteles que sí operan directamente en territorio estadounidense ponen en cuestión la coherencia del argumento oficialista ¿Qué ha hecho en todo este tiempo la administración trumpista para detener a los cárteles que operan dentro de su país? ¿se sabe de grandes incautaciones de droga en la Unión Americana? No.
Las reacciones internacionales han sido de diferente intensidad. Gobiernos latinoamericanos y europeos han advertido sobre el precedente peligroso que sienta esta intervención unilateral y que algunos lo califican como una “agresión” que podría desestabilizar la propia seguridad regional. Más allá de la caída de un dictador, la acción compacta una historia de intervenciones extranjeras que rara vez han sido sinónimo de paz o democracia sostenible. América Latina tiene una larga historia de intervencionismos llevados a cabo, por Estados Unidos, durante todo el siglo XX.
No se trata de defender a Nicolás Maduro ni su régimen autoritario; podemos no estar de acuerdo con él. Podemos pensar que Venezuela se merece otro gobierno no dictatorial, es legítimo exigir justicia por violaciones de derechos humanos. Pero hacerlo mediante una operación militar no autorizada, carente de respaldo legal internacional y con promesas geopolíticas vacías —como la idea de que las empresas petroleras estadounidenses financiarán la reconstrucción de Venezuela— parece menos una estrategia seria y más un acto de belicosidad unilateral imperialista y mercantilista que debilita la ley internacional y convierte el sistema global en un campo de juego para los más fuertes.
La historia juzgará este capítulo no solo por la captura de un hombre, sino por la erosión de normas que sostienen el orden internacional. ¿Es este el camino hacia la justicia o la excusa para un neo-imperialismo encubierto? A juzgar por los fantasmas que despierta, la respuesta inquieta más de lo que tranquiliza ¿Es este el principio de un nuevo orden mundial? ¿Así? ¿Dónde dominarán los más fuertes? ¿Estaremos condenados a ser colonias del imperialismo? Primero fue la guerra comercial arancelaria. Ahora es controlar territorios para extraer las materias primas ¿Qué sigue?
