Este martes dieron inicio los Foros Temáticos Nacionales Hacia la Primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México, organizados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En esta primera sesión, las y los participantes reflexionaron en torno al derecho humano a la ciencia, concepto rector y eje fundamental del Anteproyecto de Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, aprobado en lo general por el Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, en diciembre de 2020.
Al inaugurar las actividades de este Foro y en representación de la Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Mtro. Raymundo Espinoza Hernández, dio lectura al mensaje de bienvenida de la directora general del Conacyt, en donde refirió que el derecho humano a la ciencia se ha convertido en una necesidad para las y los habitantes del siglo XXI, el cual calificó como “el siglo de la complejidad”. Asimismo, señaló que, como responsables de las políticas de ciencia, tecnología e innovación, es urgente derribar las barreras del conocimiento y quitar los obstáculos para atraer, propiciar y garantizar, en condiciones de equidad, el derecho humano a las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación.
Agregó que el reconocimiento universal sobre el derecho a gozar de los beneficios de la ciencia y la innovación tecnológica, debe considerar los factores de deterioro ambiental y de inequidad social; que obligan a los gobiernos del mundo a impulsar la creación, aplicación y uso ético, honesto y responsable del desarrollo científico y tecnológico. Además de proponer políticas que doten a las y los ciudadanos de los conocimientos necesarios para hacer frente a entornos complejos, como el cambio climático o la pandemia de Covid-19. También recordó que el derecho humano a la ciencia nació, como concepto jurídico, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, pero pasó inadvertido por las políticas públicas por más de 70 años. Posteriormente, destacó que México es el primer país del mundo en incorporar el derecho humano a la ciencia en su Constitución, al reformar el Artículo 3o., fracción V, en abril de 2019.
Enfatizó que desde el Conacyt “estamos trabajando de manera ardua para que ese derecho constitucional no pase inadvertido y se vuelva una realidad para las y los mexicanos”. Y agregó que el Anteproyecto busca que el concepto “derecho a la ciencia” adquiera vida y sentido concreto; desarrollando cuáles son sus elementos, su principios y garantías, a la vez que se promueve la ciencia abierta, la difusión del conocimiento científico, la pluralidad epistemológica, y la integración de los saberes culturales ancestrales.
Finalmente, mencionó que algunos de los preceptos de esta Ley, buscan garantizar el derecho humano a saber, el derecho de acceder a los contenidos científicos, el derecho a ejercer el pensamiento crítico, y a tener los elementos necesarios para tomar decisiones, “pues son los factores mínimos e indispensables que nos ayudarán a transitar hacia un nuevo modelo civilizatorio que, tras la crisis que vivimos en el siglo XXI, debe renacer como un mundo más justo, más sano, más seguro, más humanista, más sensible y más responsable con el ambiente”.
Al dar inicio la mesa temática “Derecho Humano a la Ciencia”, más de 20 académicas y académicos, reflexionaron en torno este tema contenido en el Anteproyecto de Ley General de HCTI que promueve, respeta, protege y concibe el acceso y ejercicio de la ciencia como derecho fundamental, desde distintas perspectivas y en correlación con otros conceptos jurídicos y filosóficos como son la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad, así como del principio pro personae en el marco de lo que establece la Constitución y los tratados internacionales.
El Dr. Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, y el Dr. Jorge Alberto Witker, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, destacaron la importancia del desarrollo conceptual y normativo del derecho a la ciencia por su naturaleza como “derecho habilitador” de otros derechos constitucionales, como los reconocidos en el Artículo 4o.
El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Dr. Luis Armando González Placencia, enfatizó en las diferencias operativas y de rendición de cuentas en el ejercicio de la libertad de investigación. Dijo que cuando ésta se realiza con recursos y desde instancias públicas, debe responder a intereses también públicos y sociales, así como operar en un marco de derechos humanos.
La presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, Dra. Ana María Cetto Kramis, subrayó la importancia de que el Estado apoye el desarrollo de un Sistema Nacional de Información, donde confluyan los resultados de las investigaciones desarrolladas en los sistemas locales y universitarios, y que permita el acceso libre y abierto a la producción científica nacional. Asimismo, dijo que la transición hacia una ciencia abierta significa también una apertura a otras culturas y otras formas de pensar; que procedan sobre las bases de equidad, diversidad, inclusión y justicia.
Asimismo, durante la sesión, las y los participantes mencionaron que para atender los grandes problemas nacionales es necesario garantizar los derechos a la educación y la ciencia, así como su vinculación transversal. Por lo que resulta fundamental promover una sólida formación científica en la comunidad, donde el conocimiento científico sea parte esencial de la cultura y de la toma de decisiones en las políticas públicas. Las y los especialistas coincidieron al señalar que el Anteproyecto de Ley General de HCTI establece las condiciones necesarias para construir alternativas que permitan una mejor distribución de los recursos públicos, tales como el apoyo para la formación de jóvenes investigadores y el mantenimiento de la infraestructura.
Asimismo, reconocieron que el derecho humano a la ciencia implica generar las condiciones necesarias para que las y los humanistas, científicos, tecnólogos e innovadores desempeñen adecuadamente su profesión. Mencionaron que las instituciones públicas de investigación constituyen una garantía del derecho humano a la ciencia, en tanto que personifican el interés público de la sociedad en las actividades de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
Finalmente, en su intervención, la directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, coincidió con el Dr. Andrés Barreda Marín, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, al referir el impacto de la destrucción de la República del conocimiento por la dominación corporativa del quehacer científico, mismo que ha constituido una tecnociencia y ha dejado en el despojo al pueblo de México y a los pueblos del mundo.
Ante este panorama, la titular del Conacyt, recalcó que no solamente era urgente concretar la primera Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, sino también implementar, desde el Consejo, nuevas formas de articular las capacidades científicas del país para entender las problemáticas nacionales, y poder incidir de una manera congruente con los derechos humanos y, por lo tanto, con el derecho humano a la ciencia.
El Foro Temático Nacional “Hacia la Primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México”, comprende seis mesas de diálogo que se llevarán a cabo, de martes a jueves, entre el 4 y el 13 de mayo de 2021. Cabe señalar que, de manera complementaria a estas mesas, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología abrió la plataforma https://consulta.conacyt.mx con la finalidad de crear un espacio de participación en donde la comunidad nacional de HCTI pueda consultar y descargar documentos clave, entre ellos, el texto completo del Anteproyecto de Ley General de HCTI, así como comentar el contenido de sus artículos.
Participaron:
En la Mesa “Derecho Humano a la Ciencia”, del Foro Temático Nacional “Hacia la Primera Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación en México”, participaron de manera virtual, la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces; el director de la Facultad de Derecho de la UNAM, Raúl Contreras Bustamante; el investigador Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jorge Alberto Witker Velásquez; la presidenta de la Sociedad Mexicana de Física, Ana María Cetto Kramis; el rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis Armando González Placencia; el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William Lee Alardín; el director del Programa de Doctorado en Derecho de la Universidad Panamericana, José Antonio Sánchez Barroso; el investigador de la Escuela Superior de Turismo del IPN; Napoleón Conde Gaxiola; el coordinador Académico de los Programas de Posgrado de la Maestría en Derecho y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Alejandro Rosillo Martínez; la investigadora de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Veronika Sieglin Suetterlin; el director de Comunicación de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, José Flores Sosa; el investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Esaú Salvador Bravo Luis; el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Rodrigo Gutiérrez Rivas; la investigadora de la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Maya Lorena Pérez Ruiz; la investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, Adriana Marcela Moreno Acosta; el director del Museo del Desierto de Coahuila, Arturo González González; el investigador de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Adán Cano Aguilar; la investigadora de la División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Gisela María Pérez Fuentes; el Director General de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Armando Hernández Cruz; el profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Octavio Rosas Landa Ramos; la presidenta del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales, Martha Patricia Castañeda Salgado, y el investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, Andrés Barreda Marín.
