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FGR abre investigación contra los candidatos al gobierno de Nuevo León Samuel García y Adrián de la Garza

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que se investiga a Samuel García Sepúlveda, candidato a gobernador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano, y a Adrián de la Garza de los Santos, quien aspira el mismo puesto con el PRI, por posibles delitos electorales.

En un comunicado, la FGR informó que se han recibido denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en contra de Samuel García, su padre Samuel García Mascorro, su esposa Mariana Rodríguez Cantú, y su suegro, Jorge Rodríguez.

Los señalamientos de la UIF son por “por hechos presuntamente delictivos, señalados en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que se refiere a aportaciones en dinero o en especie, así como fondos o bienes de origen ilícito, utilizados, en forma ilegal, para fines electorales”.

“Todo lo cual se está investigando en una carpeta específica, en la que se están desahogando todas las denuncias y las pruebas aportadas, para obtener, a la brevedad posible, la determinación jurídica que proceda en este caso, en el que las denuncias vinculan a una serie de personas físicas y morales, así como operaciones diversas, que han sido señaladas en sus montos y fechas, por la propia autoridad hacendaria”.

La FGR aseguró que inició ya la carpeta de investigación por estos hechos y se están desahogando todas las pruebas y denuncias con el fin de tener a la brevedad una determinación jurídica sobre el caso.

Detalló que la denuncia señala montos y fechas de movimientos financieros, así como a una serie de personas físicas y morales que estarían involucradas en estos hechos.

En el caso de Adrián de la Garza, la denuncia obedece al ofrecimiento de su “tarjeta rosa”, con la que promete entregar dinero a las mujeres que voten por él, si es que gana la elección.

La FGR investiga si este hecho constituye una violación al artículo 19 de la Constitución, que penaliza usar programas sociales con fines electorales.

También se determina si este ofrecimiento no es una variante de la compra de voto, pues se ofrece dinero a cambio del sufragio.

Con información de: La Jornada

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By  Alcanzando el Conocimiento

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