El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, comenzó este viernes la exposición de pruebas para solicitar el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien ha sido señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) por los cargos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada.
Durante una audiencia de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados –que por primera vez se realizó de forma pública–, el funcionario señaló que el mandatario panista habría utilizado un “esquema irregular” para hacerse de varios inmuebles en México y Estados Unidos, en el que habrían participado sus familiares.
La sesión virtual se llevó a cabo a pesar de la oposición del abogado defensor del inculpado, Alonso Aguilar Zínser, quien consideró que ventilar de forma pública los señalamientos en contra de su cliente va en contra de diversas disposiciones sobre la secrecía de un procedimiento penal en la etapa en la que se encuentra en este momento.
El titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, hizo una breve participación en la cual señaló que dicho organismo presentó la querella en contra de Cabeza de Vaca tras haber recibido documentos en las cuales “se podría configurar algún delito”, al tiempo que aclaró que la encargada de determinar si efectivamente hubo algún ilícito es la FGR.
Acto seguido, el presidente de la Sección Instructora, el morenista Pablo Gómez, le pidió a Santiago Nieto Castillo que presentara los argumentos por los cuales inició un proceso de investigación en contra del gobernador de Tamaulipas.
En una detallada exposición de más de media hora, el funcionario señaló que la UIF había detectado la adquisición y posterior venta de un departamento en Bosques de Santa Fe, en la capital del país, por 42 millones de pesos, además de la compra de un rancho en Soto La Marina, Tamaulipas, valuado en 63.4 millones de pesos, el cual habría sido adquirido por una empresa “fantasma” propiedad de un socio del mandatario panista.
De igual forma, mencionó que Cabeza de Vaca –a quien sólo identificó como Francisco “N”—compró a través de socios y familiares diversos inmuebles en Reynosa, Tamaulipas, y McAllen y Edimburgo, Texas, valuados en precios que van de los 5.9 a los 10.7 millones de pesos.
“En general tenemos una disparidad entre los inmuebles pertenecientes a las asociaciones y a la familia (del gobernador de Tamaulipas) y el ingreso que pudo haber tenido en sus años de servicio”, indicó Nieto Castillo.
Por otro lado, el titular de la UIF describió la participación de una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofome) en un esquema de “adquisición irregular” de al menos tres ranchos, en el cual recibió dinero de varias compañías mercantiles, a pesar de que se encontraban en la lista de entidades bloqueadas desde el gobierno anterior.
Nieto Castillo señaló que este tipo de transacciones ya han sido utilizadas por grupos delictivos como el cártel de Sinaloa para lavar dinero, aunque aclaró que ello no quiere decir necesariamente que Francisco “N” está involucrado con organizaciones criminales.
De igual manera, enfatizó que el proceso iniciado por la UIF estuvo basado en información que le brindan organismos internacionales de monitoreo de operaciones financieras, incluso de sexenios anteriores, por lo que “no hay ningún tipo de persecución política, no hay nada orquestado, es el cumplimiento de las normas del estado de derecho”.
Nieto describió también otras irregularidades en la construcción de obras públicas, como el Centro de Justicia para las Mujeres, el cual recibió un presupuesto de 66 millones de pesos, pero tenía apenas 9.3 por ciento de avance en su construcción, a pesar de que debía entregarse en enero de este año.
A decir de Nieto, en uno de los ranchos adquiridos por el inculpado a través de “posibles actos de simulación” en lo que se refiere al precio real de los inmuebles, se pretende construir un parque eólico con una empresa de capital español que fue sancionada por participar en la trama de corrupción de la firma brasileña Odebrecht, y que fue vetada en Bolivia.
Tras la exposición del titular de la UIF, el abogado Aguilar Zínser le formuló diversas preguntas sobre la fuente de sus señalamientos o si tenía facultades para revelar detalles de indagatorias que aún se encuentran abiertas, a lo que Nieto Castillo señaló que el derecho a la información en casos de presunta corrupción y en donde estén involucrados personajes de naturaleza pública, es preponderante y por lo tanto esos datos deben ventilarse.
El diputado Pablo Gómez llamó al defensor de Cabeza de Vaca a “no abusar de la tolerancia” de la Sección Instructora con la realización excesiva de preguntas, lo cual fue aceptado por el litigante.
La sesión se dio por terminada a las 13:31 horas. El periodo de pruebas durará un total de 30 días, al final de los cuales la Sección Instructora le presentará a la mesa directiva del Poder Legislativo un proyecto de la solicitud de la declaratoria de procedencia.
Con información de: La Jornada
