La muerte de una mujer de 37 años en Minnesota, presuntamente a manos de un agente del ICE, no es un “incidente”, no es un “error operativo”, no es una “situación bajo investigación”. Es un crimen. Es una ejecución que desnuda la violencia estructural de un sistema migratorio convertido en maquinaria de terror.
Que una agencia del Estado, creada para “hacer cumplir la ley”, termine arrebatando la vida de una mujer es una afrenta directa a los derechos humanos, a la dignidad y al principio básico de que el uso de la fuerza debe ser el último recurso, no la primera reacción. Cuando el uniforme sustituye a la razón y el arma reemplaza a la justicia, el Estado deja de proteger y comienza a matar.
ICE se ha transformado, desde hace años, en el rostro más brutal de una política que criminaliza la migración, deshumaniza a las personas y normaliza la violencia contra cuerpos considerados “prescindibles”. Mujeres, madres, trabajadoras, personas con historia, con nombre, con vida. No “objetivos”, no “sospechosos”, no “daños colaterales”.
Este asesinato no puede separarse del clima político que alienta la persecución, legitima el odio y otorga carta blanca a agentes que actúan con impunidad. Cuando el discurso oficial señala enemigos internos, siempre hay gatillos que se disparan con mayor facilidad.
Mientras el presidente Donald Trump, dijo que el agente del ICE disparó en defensa, el video muestra todo lo contrario.
La indignación no basta, pero es necesaria. Porque callar es aceptar. Porque relativizar es encubrir. Porque cada muerte que se justifica abre la puerta a la siguiente.
Hoy Minnesota es el escenario, pero el problema es sistémico. Y mientras no se detenga esta lógica de persecución, el Estado seguirá escribiendo su política migratoria con sangre.
