El Gobierno neerlandés presentó este viernes su dimisión en bloque debido a las ilegalidades administrativas en la asignación de ayudas a familias con hijos, que afectó principalmente a padres de origen migratorio y llevó a muchos a endeudarse para devolver a la agencia tributaria lo recibido durante años. A tan solo dos meses de las elecciones legislativas, el gabinete dirigido por el liberal Mark Rutte asumió la responsabilidad política por lo ocurrido, considerado por la prensa el mayor escándalo político y administrativo de la historia política del primer ministro, quien ha estado al frente de sucesivos Gobiernos desde 2010.
El Ejecutivo permanecerá como Gobierno interino hasta los comicios del 17 de marzo, lo que le permitirá seguir gestionando la pandemia y aplicando las restricciones necesarias como parte del actual confinamiento, que mantiene cerrada toda la actividad no esencial hasta al menos el 9 de febrero.
Esta es la segunda vez que Rutte se ve obligado a presentar su dimisión como jefe de un gobierno. En 2012, tras perder el apoyo de la ultraderecha para sacar adelante sus medidas de austeridad, renunció al cargo para volver a convocar elecciones en las que salió ganador y logró formar una coalición con los socialdemócratas, a los que también salpicó esta polémica al haber estado en el Gobierno que dirigía el país hasta 2017, en pleno escándalo.
Pero el político liberal confirmó que continuará al frente de su partido como cabeza de lista y buscará su cuarta reelección, tal y como auguran también las encuestas, que de momento le dan incluso más escaños de los que tiene ahora. Es de esperar, no obstante, que el escándalo le impacte de cara a los comicios. Tras anunciar su dimisión, Rutte salió de su oficina en bicicleta para dirigirse al Palacio Huis ten Bosch, donde la oficializó. De camino a su encuentro con el rey Guillermo Alejandro, tuvo que esquivar, con ayuda de policías montados a caballo, a un grupo de manifestantes que le esperaban a la salida.
Más de 26 mil familias afectadas
La dimisión parecía inminente desde hace varios días y los cuatro partidos que forman la coalición —liberal, VVD, Llamada Democristiana, CDA, los progresistas, D66, y Unión Cristiana— se han reunido varias veces para negociar su decisión, pero, según RTL Nieuws, mientras todos los socios apostaban por la renuncia, Rutte se resistía a dar el paso y solo las amenazas de los otros partidos a retirarle su apoyo en el parlamento le hicieron ceder hoy.
Los primeros casos de este escándalo se remontan a 2014, cuando la Agencia Tributaria empezó a enviar cartas a más de 26.000 familias acusándolas sin fundamento de fraude para obtener ayudas con las que pagar las guarderías de sus hijos, y les exigieron devolver decenas de miles de euros recibidos en prestaciones en plazos que no superaban las semanas, lo que llevó a muchos a perder su casa, trabajo y a endeudarse para reunir el dinero.
Las autoridades fiscales, que seguían bloqueando las ayudas a pesar de que las familias enviaban los documentos necesarios para justificar su necesidad de obtener la prestación, no daban explicaciones a los afectados, demostrándose más tarde que eran en su mayoría familias de origen extranjero las que fueron objeto de esta medida, y que su segunda nacionalidad estaba señalada en los documentos oficiales, algo ilegal por discriminatorio. Rutte admitió que se había “criminalizado a personas inocentes, cuyas vidas fueron destruidas” y consideró que el informe que resultó de la investigación de un comité parlamentario es “duro, pero justo” para las dimensiones del escándalo.
Añadió que “esto no puede y no debe volver a salir mal” y lamentó que “el Gobierno no haya cumplido con sus propios altos estándares”, lo que supone un “fracaso sistémico que no puede quedar sin consecuencias”, según concluyeron de forma “completamente unánime” los cuatro partidos de la coalición. El jefe del Gobierno también anunció que los padres que han sido discriminados tienen derecho a una compensación adicional, que en diciembre había establecido en 30.000 euros, y agregó que establecerá una comisión estatal para que investigue el racismo por parte de las instituciones, y el papel que eso ha jugado en lo ocurrido.
Hace un mes, un comité parlamentario formado para investigar lo ocurrido concluyó en un informe que se había cometido una “injusticia sin precedentes” contra los padres, que recibieron un “trato institucionalmente sesgado”, lo que “viola los principios del Estado de derecho”, y acusó a ministros, funcionarios, diputados y jueces de haber “cometido errores”.
En una primera reacción, el líder de la izquierda verde GroenLinks, Jesse Klaver, subrayó que la dimisión es “la única decisión correcta” que podría haber tomado el Gobierno neerlandés y apostó por “un nuevo comienzo, un punto de inflexión, el momento para construir un Estado de bienestar en el que el ejecutivo se apoya en sus propios ciudadanos”.
