El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, autorizó este jueves el despliegue de las fuerzas armadas para combatir la destrucción de la selva amazónica, dándoles autoridad sobre las agencias ambientales en la región a medida que crece la influencia militar en el gobierno.
Los defensores del medio ambiente criticaron ferozmente la orden, diciendo que las agencias ambientales son las que tienen la experiencia necesaria.
El año pasado, Bolsonaro esperó hasta agosto para enviar tropas al Amazonas, luego de la protesta internacional por una ola de incendios en la selva tropical, que atrapa grandes cantidades de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático.
En la región, la deforestación ha aumentado un 51% en los tres primeros meses del año.
Según cálculos del Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales (INPE), la Amazonía brasileña perdió 796,08 kilómetros cuadrados de cobertura vegetal entre enero y marzo de este año, frente a los 525,63 kilómetros cuadrados desforestados en el mismo período de 2019.
La orden, a diferencia del año pasado, otorga a la autoridad militar para “coordinar” las actividades de agencias como el ejecutor ambiental Ibama y el departamento de parques ICMBio.
Suely Araujo, quien dirigió Ibama hasta principios de 2019 y ahora es asesora del grupo de defensa Climate Observatory, dijo que era “inaceptable” transferir el poder sobre las operaciones ambientales en el Amazonas a los militares.
“Los militares pueden ayudar en ciertas situaciones, pero en relación con las agencias ambientales, deben ser consultados y no subordinados”, dijo Araujo. “Son las agencias ambientales que tienen experiencia en esta área, las que saben cómo llevar a cabo la planificación y la estrategia operativas”.
Bolsonaro, un ex paracaidista, ha designado a una serie de oficiales militares actuales y anteriores como ministros del gobierno desde que asumió el cargo en 2019. Este año, aumentó a siete el número de militares en su gabinete de 20 miembros, sin incluir al general retirado y vicepresidente Hamilton Mourao.
Araujo dijo que poner a las fuerzas armadas a cargo de las operaciones de aplicación de la ley amazónica plantea la cuestión de si Ibama tendría que pedir permiso a los militares para destruir el equipo utilizado para cometer delitos como la tala ilegal dentro de las reservas indígenas u otras áreas protegidas.
Bolsonaro ha dicho repetidamente que el gobierno no debe destruir este tipo de maquinaria, pero los agentes de Ibama no han detenido la práctica, considerada durante mucho tiempo la única forma de evitar la repetición de los delitos ambientales.
