El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció el lunes que solicitó a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que investigue al juez que frenó la entrada en vigor de una nueva ley que da ventaja a la generación estatal de electricidad sobre las plantas privadas de energías renovables o de gas natural, algunas de las cuales fueron construidas por empresas extranjeras.
López Obrador dijo también que “hay quienes solicitan la suspensión, la protección de la justicia y tardan en ser atendidos, pero aquí fue vía rápida”. “Vamos a tratar sobe este tema y asunto siempre respetuosos de la autonomía del Poder Judicial y desde luego del respeto al derecho de amparo, ala juicio, son embargo, pues también en uso de nuestras facultades de expresarnos y manifestarnos”, dijo.
Luego que Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó dichas suspensiones, el mandatario llamó, con respeto a la división de poderes, a realizar una revisión sobre si a dicha autoridad “le corresponde o no aplicar de manera oficiosa la suspensión a quienes no lo solicitaron y si es de su competencia o no resolver este caso”.
En la misiva se indica que un día después de haberse publicado la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió a un quejoso una suspensión por el amparo promovido en contra de esa nueva disposición y lo hizo extensivo a otras personas físicas y morales.
En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el mandatario comentó que la resolución del juez fue una “suspensión de manera veloz y se cumplió como pocas veces de que la justicia tiene ser expedita”.
“Si mi solicitud es legalmente procedente, solicito que el consejo de la Judicatura lleve a cabo una investigación para esclarecer la actuación del juez Gómez Fierro en este episodio”, dice la carta enviada por AMLO al presidente de la SCJN.
Y agregó que alrededor de este asunto, dijo, actúan “personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen” que actúan en función de sus intereses.
Como ejemplo, mencionó a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola, de España, misma que contrató en su momento a una ex secretaria de Energía e incluso al ex presidente Felipe Calderón.
“En este agrupamiento conservador y reaccionario, destacan, entre otros, Claudio X Gónzález, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario” de dicho régimen, expuso el mandatario, además de mencionar igualmente al ex ministro José Ramón Cossío.
“Sería lamentable que después de todo el daño que la oligarquía ha causado al país, sigamos permitiendo el abuso y la prepotencia, bajo la excusa del Estado de derecho, pues, en honor a la verdad, quienes hoy invocan ese principio para presentar sus intereses han sido, y quieren seguir siendo, los violadores más activos de la Constitución”, concluye en la carta.
Actuación de José Ramón Cossío
El Pdte. López Obrador presentó también una lista de resoluciones avaladas por el ex ministro José Ramón Cossío, señaló que él “aprobó resoluciones que considero injustas cuando fue ministro, y ahora se convierte en paladín de las libertades”.
En su momento, dijo, al abordarse en la Corte casos como el de la Guardería ABC, Cossío votó en contra del proyecto que buscaba sancionar a autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social, de Sonora y del Ayuntamiento de Hermosillo.
También en el caso de la francesa Florence Cassez, procesada por secuestro, “en la primera sesión sobre el asunto para cubrir a Genaro García Luna y a Felipe Calderón”, propuso un amparo y evitó pronunciarse en una acción de inconstitucionalidad sobre la llamada ley Televisa.
Además “protegió a Roberto Gil en un asunto de libertad de expresión, en el que se le había acusado de corrupción en un tema de casinos”, y en el caso en el que estuvo involucrada una empresa de energía eólica en Juchitán, Oaxaca, “afectó los intereses de la población” al negarles un amparo.
En el caso de la represión en Atenco “se negó a responsabilizar a Eduardo Medina Mora y a Enrique Peña Nieto de las violaciones graves a derechos humanos ocurridas en Texcoco y en Atenco”.
“Se respeta el derecho de amparo, se respeta la autonomía de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, se respeta la libertad de los ciudadanos, se respeta la libertad de expresión, de asociación, se garantiza el derecho a disentir, pero al mismo tiempo, nosotros vamos a ejercer nuestras facultades a plenitud y a defender el interés general, porque estos grupos sólo se orientan a defender el interés de particulares, sobre todo de empresas que han lucrado durante años con el presupuesto público, y se han quedado con bienes del pueblo y la nación”, agregó el Jefe del Ejecutivo.
De paso, reiteró su defensa de la reforma a la ley de la Industria Eléctrica, e insistió que busca garantizar que no aumente los precios, ya que se otorgaban subsidios que generaban que se cobrara más a los consumidores que a las empresas.
Sobre la Ley de la Industria Eléctrica
El 11 de marzo un juez federal frenó aplicación de la Ley de la Industria Eléctrica, porque podría llegar a dañar la competencia y la libre concurrencia en el sector eléctrico, además de que puede producir daños inminentes e irreparables al medio ambiente, toda vez que fomenta la producción y el uso de energías convencionales que desincentivan la producción de energías limpias, y genera incertidumbre. Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con jurisdicción en toda la República, concedió las primeras suspensiones provisionales a empresas que impugnaron el nuevo estatuto, porque es contrario a diversos artículos de la Constitución.
La reforma de la ley de la industria eléctrica, que entró en vigor el 9 de marzo, contempla que la electricidad debe ser comprada primero a las plantas generadoras del gobierno, las cuales operan en su mayoría con combustibles fósiles como carbón, fueloil y diésel. Si resultara insuficiente para cubrir la demanda, se compraría entonces la electricidad de plantas privadas de gas natural y fuentes renovables.
Reacciones
Uno de los primeros en reaccionar a las declaraciones del gobernante fue el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío, quien dijo el lunes al medio local Radio Fórmula que era “desafortunado” que López Obrador utilice la tribuna para “denostar a un juez cuando tiene un recurso de queja” y descartó que esté detrás de la suspensión de la reforma, tal como refirió el mandatario.
Tras los cuestionamientos de López Obrador a las actuaciones del juez, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito salió en defensa de sus miembros y dijo en un comunicado, sin mencionar al gobernante, que ante las expresiones que ponen en duda la actuación de los jueces su “único compromiso es con la constitución y la independencia para garantizar un efectivo Estado de derecho”.
