El jueves pasado por la noche, el Presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó la extinción de todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica
y el traslado de los recursos que manejan (más de 740 mil millones de pesos) a la Tesorería de la Federación.
Esta medida del ejecutivo federal forma parte de las acciones para combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y la administración eficiente de los fondos públicos, de acuerdo con un decreto del Presidente publicado en una edición vespertina del Diario Oficial de la Federación que entró en vigor el mismo jueves.
En su conferencia matutina del viernes AMLO dijo que alrededor de 250 mil millones de pesos -equivalentes a 1 por ciento el PIB- serían recuperados a raíz del decreto presidencial de extinción de fideicomisos https://bit.ly/3bQ37DU que queda a cargo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de acuerdo con la Ley Federal de Austeridad Republicana.
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En su conferencia López Obrador explicó que la mayoría de los recursos serán destinados al pago de deuda pública, además de otras prioridades como:
1. Fortalecimiento de los programas sociales.
2. Reactivación de la industria de la construcción y otorgar créditos.
3. Apuntalar a Pemex ante la caída de los precios del petróleo.
4. Pagar deuda pública.
También informó que el dinero de los fideicomisos se utilizará para implementar el plan de recuperación económica ante la crisis por el Covid-19.
¿Qué es un fideicomiso?
Un fideicomiso es un contrato por virtud del cual una persona física, moral o ente de gobierno, denominada fideicomitente, transmite y destina bienes, derechos o recursos a una institución fiduciaria para que los administre en beneficio de una tercera persona.
Las partes que intervienen en un fideicomiso son:
Fideicomitente: Es quien destina bienes, derechos o recursos para constituir el fideicomiso.
Fiduciario: Institución con autorización para llevar a cabo operaciones fiduciarias. Es quien recibe los bienes del fideicomitente para realizar administrarlos.
Fideicomisario: Es la persona que recibe el beneficio del fideicomiso.
¿Qué hace un fideicomiso sin estructura orgánica?
En la administración pública, estas figuras jurídicas se constituyen con el propósito de administrar recursos públicos destinados al apoyo de programas y proyectos específicos. Su función es auxiliar a los entes públicos en las atribuciones del estado en el manejo y dispersión de recursos, impulsando las áreas prioritarias del desarrollo.
¿Para qué sirven los fideicomisos públicos?
Son aquellos que el gobierno federal o entidades paraestatales constituyen con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo. Cuentan con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y comités técnicos.
En la administración pública federal hay 308 fideicomisos sin estructura orgánica que –según información actualizada al 31 de diciembre pasado– manejan recursos por 740 mil 572.7 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda. Esa cantidad es equivalente a 3 puntos porcentuales del producto interno bruto.
De acuerdo con la secretaría de Hacienda, estos fideicomisos sin estructura orgánica son creados principalmente para transferir recursos a programas públicos de infraestructura y a subsidios y apoyos, además de pagar pensiones y prestaciones laborales.
De los 308 existentes, en diciembre pasado estaban constituidos 29.3 por ciento en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Hacienda, 24.6; Secretaría de Educación Pública, 7.7; Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 6.2; Secretaría de Cultura, 4.1, y Secretaría de Turismo, 3.3 por ciento.
En el informe de la Cuenta Pública 2018, la Auditoría Superior de la Federación aseguró que los más de 300 fideicomisos sin estructura orgánica operaban en la discrecionalidad, a pesar de las obligaciones jurídicas y normativas a que están sujetos.
Cabe aclarar que el decreto ordenado por AMLO, no incluye a aquellos fideicomisos constituidos por mandato de ley o decreto y cuya terminación necesite de reformas constitucionales.
Tampoco se incluyen los instrumentos jurídicos que sirvan como mecanismos de deuda pública, o que tengan como fin atender emergencias en materia de salud o cumplir con obligaciones laborales o de pensiones.
Con información de: Presidencia y Agencias
