[wpdts-date]
El gobierno mexicano anunció el jueves que renegoció con varias empresas, incluyendo el gigante BlackRock, los pagos derivados de varios contratos para la construcción y operación de ocho penales en el país, así como el traspaso de las instalaciones al Estado al final de cada convenio.
La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador calcula que el ahorro anual por las modificaciones contractuales será de unos 2,300 millones de pesos (unos 116 millones de dólares), un promedio de 15% menos que lo estipulado, y de 41,500 (unos 2,096 millones de dólares) hasta el final de las diversas vigencias.
Siete de los contratos de prestación de servicios de construcción y operación fueron otorgados —en adjudicaciones directas durante la presidencia de Felipe Calderón (2006-2012)— en 2010 y otro en 2011. Algunos cambiaron de manos y en la actualidad uno es de BlackRock y dos son de una empresa del emporio del magnate mexicano Carlos Slim.
“No vamos nosotros a deshacer contratos, incumplir con contratos de otros tiempos, que lo que buscamos es quitarles a esos contratos las aristas más nocivas para la hacienda pública (…) y que logremos ahorros”, dijo el mandatario en su conferencia de prensa diaria. “Se habló con los empresarios y han aceptado una disminución del 15%”, agregó.
La secretaria de Seguridad, Rosa Rodríguez, precisó que México ha erogado unos 85,400 millones de pesos (uno 4,313 millones de dólares) en nueve años para cumplir con esos contratos —cuya vigencia es de al menos 20 años— cuyo costo actualizado, incluyendo impuestos, es de unos 276,600 millones de pesos, el cual se acordó reducir.
La funcionaria agregó que la reducción en los pagos toma en cuenta que en esos ocho penales la ocupación promedio es del 61% —12,334 presos— y se estaba pagando como si estuvieran al ciento por ciento.
A pesar del alto costo que implica mantener a cada preso, de acuerdo con datos del Gobierno, familiares y organizaciones de derechos humanos han denunciado las pésimas condiciones de muchos de ellos, incluyendo la precaria alimentación y servicios de salud.
“Se busca mejores condiciones de pago para el Estado mexicano”, dijo Rodríguez. Los ahorros, agregó, serán destinados a construir cuarteles para la militarizada Guardia Nacional y se acordó que al concluir los contratos los penales serán patrimonio del país y no de los constructores, como estaba en convenios previos.
Con información de: Reuters
