La reciente visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, dejó una radiografía compleja y profundamente humana sobre la situación de México: un país que avanza en marcos institucionales y políticas sociales, pero que sigue cargando con heridas abiertas que no terminan de cerrar.
Durante cuatro días de trabajo intenso, el representante de la Organización de las Naciones Unidas recorrió el entramado institucional del país. Se reunió con autoridades de los tres poderes, encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con colectivos de víctimas, organizaciones civiles y personas defensoras de derechos humanos. El balance que presentó no evade la complejidad: México no puede definirse en blanco o negro, sino en una amplia gama de claroscuros.
Uno de los ejes más contundentes de su mensaje fue el fenómeno de las desapariciones. Más que una estadística, lo que emergió en sus palabras fue la dimensión humana del problema. Historias que atraviesan décadas, familias que viven en una búsqueda interminable, y un dolor que, como lo describió, permanece como “una herida abierta que no sana”.
En este contexto, el llamado fue claro: construir un consenso nacional que coloque a las víctimas en el centro, lejos de la polarización política. Para el Alto Comisionado, la politización del tema no solo distorsiona la discusión pública, sino que retrasa la justicia y prolonga el sufrimiento.
La impunidad apareció como el hilo conductor de múltiples problemáticas. Desde ataques contra periodistas y defensores, hasta la falta de resolución en casos de desaparición, la ausencia de consecuencias legales se configura como uno de los mayores desafíos estructurales. En palabras del propio Türk, combatir la impunidad podría convertirse en el “antídoto más eficaz” contra la inseguridad.
Sin embargo, el diagnóstico no es únicamente crítico. También hay reconocimiento a avances importantes. México ha construido un andamiaje legal robusto en materia de desaparición forzada, considerado referente internacional. Asimismo, se destacaron políticas sociales que han contribuido a reducir la pobreza, así como reformas constitucionales relevantes, como el reconocimiento de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.
En el ámbito de género, el panorama vuelve a ser dual. Por un lado, se valoran los esfuerzos institucionales, como la creación de la Secretaría de las Mujeres y el principio de paridad en todos los niveles de gobierno. Por otro, persiste una realidad alarmante: la violencia feminicida sigue cobrando vidas de manera cotidiana, evidenciando la distancia entre la norma y su implementación efectiva.
Otro punto crítico fue la preocupación por la prisión preventiva oficiosa, que —según advirtió— puede vulnerar derechos fundamentales como la presunción de inocencia. La recomendación es clara: limitar su կիրառación y fortalecer los controles judiciales.
En materia de seguridad, el Alto Comisionado reconoció la complejidad que implica enfrentar al crimen organizado en un sistema federal con capacidades desiguales. Subrayó la necesidad de consolidar instituciones civiles, profesionales y sujetas a rendición de cuentas, como base para una estrategia sostenible.
Más allá de los diagnósticos, la visita deja también una puerta abierta: la cooperación internacional. La ONU ofreció acompañamiento técnico para fortalecer capacidades en áreas clave como la búsqueda de personas, la identificación forense y los mecanismos de justicia.
Quizá uno de los mensajes más significativos es que, pese a las diferencias de narrativa entre gobierno y sociedad civil, existe un punto de coincidencia fundamental: el problema está ahí y no puede ignorarse. El reto ahora es traducir ese reconocimiento en acciones concretas, coordinadas y sostenidas.
México se encuentra, en palabras implícitas de esta visita, frente a un espejo incómodo pero necesario. Un reflejo que muestra avances importantes, sí, pero también pendientes urgentes que no admiten demora. La pregunta que queda en el aire no es si el país tiene las herramientas para enfrentar estos desafíos, sino si será capaz de articular la voluntad política, social e institucional para hacerlo.
Porque en el fondo, como dejó claro el Alto Comisionado, los derechos humanos no son una agenda más: son la medida real del presente y el horizonte del futuro.
