La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que avala el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera, podría debilitar la certeza jurídica en México y afectar la confianza de inversionistas, advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana.
El organismo empresarial señaló que permitir la restricción de recursos financieros sin controles judiciales previos abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica del país, además de contravenir principios establecidos en el artículo 14 constitucional y en tratados internacionales suscritos por México.
La Coparmex cuestionó la determinación del máximo tribunal, tomada el pasado 6 de abril, al considerar que abandona criterios previos y sienta un precedente delicado para el Estado de derecho, al permitir afectaciones al patrimonio de personas y empresas sin reglas plenamente definidas.
Aval a bloqueos con “indicios suficientes”
La resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, mediante la cual la SCJN validó la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Con una votación de seis ministros a favor y tres en contra, el pleno determinó que la UIF puede ordenar el bloqueo de cuentas cuando existan “indicios suficientes” de posibles operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
Para el organismo patronal, este criterio también tensiona el principio de presunción de inocencia, al permitir medidas que pueden operar como sanciones anticipadas sin que exista una resolución judicial definitiva.
Riesgos para la inversión y el T-MEC
Coparmex advirtió que la inversión depende de la confianza en el entorno institucional, por lo que decisiones que debilitan contrapesos o reducen la protección de activos elevan la percepción de riesgo país.
Este escenario cobra mayor relevancia en el contexto del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y la competencia global por atraer capital, donde la certeza jurídica es un factor determinante para inversionistas nacionales e internacionales.
Impacto en MiPyMEs
El organismo destacó que los efectos de esta resolución pueden ser especialmente graves para las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), que representan más del 99% del tejido empresarial en México.
A diferencia de las grandes corporaciones, estas empresas dependen de su liquidez diaria para operar, por lo que un bloqueo de cuentas —incluso de carácter cautelar— podría impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, comprometiendo su viabilidad y poniendo en riesgo empleos.
Llamado a corregir vacíos legales
La Coparmex subrayó que la resolución de la SCJN no cierra el debate, sino que traslada la responsabilidad al Poder Legislativo y a las autoridades regulatorias para establecer reglas claras que eviten discrecionalidad.
En ese sentido, planteó la necesidad de definir criterios objetivos para justificar bloqueos, establecer controles judiciales previos en plazos breves, garantizar la notificación inmediata a los afectados y crear mecanismos de responsabilidad ante posibles abusos.
Asimismo, propuso fijar límites temporales a estas medidas cautelares e incorporar esquemas de transparencia sobre el uso de estas facultades por parte de la autoridad.
