El Gobierno de México cuestionó la resolución del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), organismo de la Organización de las Naciones Unidas, al considerar que presenta una visión “parcial y sesgada” sobre la situación de desapariciones en el país, al centrarse en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
En un posicionamiento oficial, el gobierno señaló que el Comité omitió considerar información actualizada presentada el pasado 27 de marzo, la cual —afirmó— refleja cambios sustanciales en la política institucional frente a este fenómeno.
Asimismo, destacó que el propio CED reconoce, en los párrafos 117 y 118 de su resolución, que no existen indicios de una política federal orientada a cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil, lo que, según el gobierno, evidencia una diferencia con respecto a periodos anteriores.
Las autoridades también señalaron una supuesta falta de rigor jurídico en la argumentación del Comité, particularmente en su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, además de advertir posibles conflictos de interés entre algunos de sus integrantes.
El Gobierno de México subrayó que no tolera ni ordena desapariciones forzadas y aseguró que, en la actual administración, se han impulsado reformas legislativas e institucionales en coordinación con colectivos de familiares de víctimas.
Entre los avances mencionados destacan las reformas aprobadas en julio de 2025, que incluyen la creación de la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la obligación de iniciar investigaciones desde el primer reporte, la implementación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
También se resaltó la consolidación de la Comisión Nacional de Búsqueda, la creación de plataformas de identidad y la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda y la Fiscalía General de la República.
El gobierno enfatizó que México mantiene una política de cooperación constante con organismos internacionales, como la ONU, lo cual ha sido reconocido por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
No obstante, precisó que el país está abierto a la cooperación técnica internacional, siempre que esta se base en diagnósticos actualizados y representativos de la realidad nacional.
Finalmente, reiteró su compromiso con la erradicación de las desapariciones forzadas, así como con la búsqueda, identificación y acceso a la justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la política pública en materia de derechos humanos.
