Las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado aprobaron el dictamen de reforma constitucional conocido como el “Plan B” en materia electoral, una iniciativa que busca fortalecer la revocación de mandato y reducir privilegios en distintos niveles de gobierno.
El proyecto fue avalado con 24 votos a favor y 11 en contra, en medio de un debate que evidenció posturas encontradas sobre el alcance y las implicaciones de la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
La propuesta plantea modificaciones a los artículos 35, 115, 116 y 134 de la Constitución, con el objetivo de establecer nuevas reglas para la revocación de mandato, limitar el tamaño de los ayuntamientos, acotar el presupuesto de los congresos locales y fijar topes a las remuneraciones de funcionarios electorales.
Uno de los ejes centrales del dictamen es la regulación del proceso de revocación de mandato. La reforma establece que este mecanismo podrá solicitarse una sola vez durante el sexenio, específicamente en los tres meses posteriores a la conclusión del segundo o tercer año del periodo presidencial, y deberá realizarse el primer domingo de junio del tercer o cuarto año de gobierno.
El documento también introduce nuevas disposiciones sobre la difusión de este ejercicio democrático. Por un lado, permite que la persona titular del Ejecutivo promueva la participación ciudadana; por otro, prohíbe el uso de tiempos oficiales y la contratación de propaganda con fines de promoción. Además, ordena suspender la difusión de propaganda gubernamental durante los 60 días previos a la consulta.
En el ámbito municipal, la reforma propone limitar la integración de los ayuntamientos a una sindicatura y hasta 15 regidurías, incorporando principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la conformación de los cabildos.
A nivel estatal, el dictamen establece que el presupuesto de los congresos locales no podrá exceder el 0.70% del presupuesto total de cada entidad, en un intento por racionalizar el gasto público. Asimismo, se refuerzan los criterios de paridad y equidad en la integración de los órganos legislativos.
En materia de austeridad, la reforma también impacta a los organismos electorales. Se plantea que las remuneraciones de consejeros, magistrados y funcionarios del Instituto Nacional Electoral y de los órganos locales no podrán superar el salario del titular del Ejecutivo federal. Además, se prohíben prestaciones adicionales como seguros privados, fondos especiales o esquemas de retiro no contemplados en la ley.
El debate legislativo reflejó una clara división política. Desde Morena, la senadora Guadalupe Chavira defendió la revocación de mandato como un instrumento democrático vigente en diversos países y subrayó la importancia de someter al poder a mecanismos de evaluación ciudadana.
En contraste, el senador Ricardo Anaya, del PAN, calificó la iniciativa como deficiente y acusó que no atiende problemas estructurales del sistema electoral, como la injerencia del crimen organizado o la sobrerrepresentación en el Congreso.
Desde el Partido Verde, el senador Luis Alfonso Silva sostuvo que la reducción de privilegios permitirá liberar recursos para infraestructura y programas sociales, al tiempo que fortalece la vida democrática del país.
Por su parte, la senadora priista Claudia Anaya advirtió que la reforma vulnera principios fundamentales del federalismo y representa una imposición política, mientras que el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó que el proyecto podría centralizar decisiones y generar simulación en el ejercicio democrático.
Durante la discusión, también se incorporaron ajustes al dictamen, entre ellos la inclusión explícita de los principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la exposición de motivos, a propuesta de la senadora Martha Lucía Micher.
El proyecto de reforma será turnado al pleno del Senado, donde continuará su proceso legislativo en un contexto marcado por el debate sobre el equilibrio entre austeridad, democracia participativa y federalismo.
