En el marco del Día Mundial del Agua, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó un hecho calificado como histórico: la entrega de títulos de concesión de agua a municipios de Baja California, con lo que se garantiza el abasto del recurso para los próximos 30 años y se elimina el pago a intermediarios privados.
A través de un enlace desde Palacio Nacional, la mandataria anunció que los municipios de Tijuana, Rosarito, Mexicali, Tecate y Ensenada dejarán de comprar agua a terceros que la comercializaban, práctica que, afirmó, generaba privilegios y costos innecesarios para las ciudades.
Sheinbaum explicó que esta medida forma parte de la nueva Ley Nacional de Aguas, cuyo objetivo central es erradicar privilegios en el acceso y uso del recurso hídrico.
“Como en otros casos, nuestro objetivo es que no haya privilegios”, señaló, al recordar que la reforma busca garantizar que el agua sea un derecho y no una mercancía.
Fin al “mercado negro” del agua
El director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, detalló que la nueva legislación elimina las transmisiones de derechos entre particulares, práctica que dio origen a un mercado paralelo del agua.
Explicó que también se prohíben los cambios de uso con fines de lucro —particularmente del agrícola a otros sectores—, se combate el acaparamiento y se reconoce a los sistemas comunitarios en ejidos y pueblos indígenas.
Como resultado de estas acciones, informó que se ha incrementado la recaudación en cerca de 3 mil 500 millones de pesos, con una meta de alcanzar 6 mil 300 millones en 2026. Además, se han realizado miles de trámites en beneficio de productores y más de 7 mil inspecciones que derivaron en clausuras y sanciones.
Agua para las ciudades, sin intermediarios
Morales López explicó que desde 2002 los municipios de Baja California compraban agua a un Distrito de Riego mediante transmisiones de derechos, lo que implicó pagos por más de 531 millones de pesos en los últimos cinco años.
Con la entrega de las concesiones, estos recursos dejarán de destinarse a intermediarios y podrán orientarse a infraestructura y obras públicas.
Por su parte, el subdirector general de Infraestructura Hidroagrícola de Conagua, Aarón Mastache Mondragón, aseguró que esta medida garantiza el suministro de agua tanto en el presente como en el largo plazo.
Hacia una “justicia hídrica”
La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, calificó la entrega de concesiones como el inicio de una nueva etapa para la entidad.
Señaló que esta decisión pone fin a la incertidumbre en el suministro y abre paso a una etapa de “justicia hídrica”, al devolver el control del recurso a los municipios y, con ello, a la población.
Con esta medida, el gobierno federal busca transformar el modelo de gestión del agua en el país, priorizando el acceso equitativo y el uso social del recurso sobre los esquemas de comercialización que prevalecieron durante décadas.
