Diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron posturas a favor y en contra del dictamen con proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma la Ley de Aguas Nacionales.
Primera ronda
El diputado Marcelo de Jesús Torres Cofiño (PAN) consideró que es una ley rígida, sospechosa y hostil que carece de presupuesto, pero tiene control político, recorta derechos, debilita al productor, asfixia a la industria, rompe con la certeza jurídica, convierte el agua en la monera de control político, no contribuye a la política hídrica y no moderniza nada sino centraliza.
Enseguida, la diputada Martha Olivia García Vidaña (Morena) expuso que hoy se garantiza el derecho humano al agua, se fortalece la rectoría del Estado sobre un recurso vital y se adecua el ordenamiento a la realidad hídrica, social, económica y ambiental, al tiempo que se corrige un rezago histórico que ha limitado la capacidad institucional del Estado para asegurar que el agua llegue a quien lo necesita.
De MC, la diputada Laura Irais Ballesteros Mancilla (MC) llamó a tener justicia hídrica para millones de mexicanas y mexicanos, pues 20 millones de personas no tienen agua, el uno por ciento de la población que usa agua acapara el 22 por ciento y una de cada cinco escuelas carece de la misma. “Hoy se pretende hacer un botín político, en lugar de una ley profunda que resuelva problemas”.
Para la diputada Azucena Huerta Romero (PVEM) es falso que el dictamen pretenda privatizar el agua de lluvia; por el contrario, promueve su aprovechamiento responsable para fortalecer la seguridad hídrica, regula los usos distintos a los personales, domésticos o agropecuarios familiares para no afectar el ciclo hidrológico, protege la recarga natural de los cuerpos y evita impactos ambientales.
A su vez, la diputada Leticia Barrera Maldonado (PRI) indicó que es una ley que elimina el régimen de transmisiones de derechos, crea procesos de reasignación que funcionarán bajo una total discrecionalidad, reduce plazos de prórroga, obliga al productor a reportar la producción obtenida, incorpora delitos penales y perjudica al sector que produce los alimentos.
El diputado Jesús Roberto Corral Ordóñez (PT) mencionó que el binomio tierra-agua es un hecho real y está en la ley derivado de los foros que se llevaron a cabo en la Cámara de Diputados. Con el documento, se defiende el agua de todas y todos y, en cuanto a los pueblos originarios, ellos están visibilizados. “Hoy vamos a votar esta reforma a favor”.
Theodoros Kalionchiz De la Fuente, diputado del PAN, manifestó que las reformas afectarán a millones de campesinos en el país en todos los sentidos, porque no garantiza el acceso del vital líquido a nadie. No hay presupuesto, infraestructura, ni metas técnicas; “lo único que garantiza es que la Federación decidirá si da agua, cuánta y por cuánto tiempo”.
En su turno, el diputado Francisco Javier Borrego Adame (Morena) comentó que se mantiene la facultad de los Organismos de Cuenca de expedir títulos de concesiones y para resolver los trámites relacionados con la regulación y autorización de la reasignación de volúmenes de agua, y decidir sobre la prórroga se considerará la responsabilidad hídrica y el cumplimiento de obligaciones fiscales.
Para el diputado Juan Antonio Meléndez Ortega (PRI) el dictamen no cumple el mandato constitucional de reglamentar el derecho humano al agua; por el contrario, destruye derechos adquiridos, vulnera la seguridad jurídica del sector productivo, y limita la transmisión de concesiones en ventas, arrendamientos y herencias, obligando a solicitar autorización administrativa.
Jesús Martín Cuanalo Araujo, diputado del PVEM, urgió a adecuar el marco legal y con la reforma se reconoce como un bien público al agua, da prioridad al consumo humano y a la producción agroalimentaria; busca aprovechar el vital líquido como un principio de sostenibilidad, garantiza la disponibilidad y termina con la sobreexplotación de los mantos acuíferos.
Del PAN, la diputada Carmen Rocío González Alonso señaló que se perjudica el patrimonio, los derechos y la certeza jurídica de los productores, agricultores y ganaderos; debilita la soberanía alimentaria, fortalece el centralismo, se aleja de la verdadera gobernanza, considera ambigüedad y falta de claridad en la transmisión de derechos.
Gabriel García Hernández, diputado de Morena, aseveró que hoy se reconocen los más de 80 mil sistemas comunitarios de agua y se contempla el derecho inalienable de los pueblos indígenas. “Ya está vinculado y consagrado en esta ley el artículo segundo constitucional y están reconocidos los sistemas comunitarios, y la unidad agropecuaria familiar”.
Segunda ronda
La diputada Annia Sarahí Gómez Cárdenas (PAN) externó que no es una ley de aguas sino de control, y bajo el pretexto de garantizar agua para todos busca concentrar el poder sobre cada pozo y presa. El agua dejará de ser un derecho y se convertirá en un permiso del gobierno. “No es justicia hídrica sino sometimiento. El campesino se convierte en sospechoso”.
En opinión del diputado Juan Hugo De la Rosa García (Morena) con este dictamen se termina la corrupción en el manejo del agua y se inicia un modelo que recupera la rectoría de la nación en la gestión y administración como un elemento esencial de la vida; protege los derechos de los productores y prioriza el acceso humano al agua y el uso agrícola.
Miguel Ángel Sánchez Rivera, diputado de MC, precisó que el país necesita una ley moderna, aterrizada, que responda a la realidad hídrica. “Hubo 54 correcciones que no fueron consultadas con quienes integramos la Comisión, y eso no ayuda a construir confianza en un dictamen de esa importancia. Nosotros presentamos una iniciativa en favor del agua y del medio ambiente, pero no se tomó en cuenta”.
Del PVEM, el diputado José Luis Fernández Martínez estimó que una de las grandes virtudes de la ley es que describe con puntualidad los diferentes órdenes de gobierno y cuál es el orden de despacho: los seres humanos, uso agrícola-agropecuario, industrial y esparcimiento. “Este dictamen sienta las bases de una correcta gestión del agua, ya que se tiene una norma agotada y rebasada”.
El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez (PRI) enfatizó que con esta ley se convierte a los agricultores en delincuentes al no tener un medidor que Conagua debe colocar; se debe proteger al campesino y al pequeño productor, reconocer derechos adquiridos, concesiones, herencias y usos históricos, así como no usar el derecho humano al agua como excusa para despojar a los productores.
En tanto, José Gloria López, diputado del PT, afirmó que el dictamen ayuda a controlar y regular las concesiones y los derechos del agua; sienta las bases para regularizar y neutralizar el mal manejo del vital líquido, y el binomio tierra-agua está plenamente respetado, ya que las concesiones van de la mano. “Ya era tiempo que hubiera una ley con esta que satisface lo que los productores esperaban”.
El diputado José Mario Iñiguez Franco (PAN) dijo que esta ley pretende centralizar absolutamente todo, “arrebatando facultades, ahorcando a los productores, criminalizándolos, dejando al campo mexicano a merced de los caprichos del poder. Esta norma es un retroceso, una amenaza y es prácticamente el tiro de gracia para el campo mexicano”.
Por su parte, Felicita Pompa Robles, diputada de Morena, consideró que el Poder Legislativo está para analizar todas las propuestas al marco jurídico y haber hecho cambios a la iniciativa demuestra que hace su trabajo, escucha a la gente y legisla con conciencia. “Ahora, el agua vuelve a ser lo que siempre debió ser: un derecho humano, un bien de la nación y no botín político ni económico para los demás”.
La diputada Nadia Navarro Acevedo (PRI) hizo notar que la reforma no garantiza el derecho al agua potable ni prevé el mínimo vital. La Ley General de Aguas no presenta una sola modificación, sigue en incertidumbre la falta de certeza en las concesiones y la discrecionalidad y el enfoque de fiscalización para perjudicar a los más necesitados.
Del PVEM, el diputado Ricardo Madrid Pérez opinó que no se garantiza una gestión basada en equidad, sustentabilidad y justicia. Establece con claridad que el agua es un recurso estratégico y de seguridad nacional, esencial para la vida, la producción de alimentos y el desarrollo. Es un derecho humano, no un privilegio. Los títulos de concesiones actuales están garantizados.
El diputado del PAN, Víctor Manuel Pérez Díaz, dijo que el punto más conflictivo es que prohíbe la transmisión entre particulares; ya no podrán venderse, heredarse, ni utilizarse como garantía. Toda concesión deberá regresar al Estado para que Conagua la reasigne, y para miles de productores “es una forma de expropiación indirecta porque sin derecho al agua la tierra pierde valor”.
La diputada Tatiana Tonantzin P. Ángeles Moreno (Morena) indicó que la reforma es un acto de justicia para el pueblo de México. En la ley se hace énfasis en el saneamiento del agua de manera obligatoria, hay un catálogo de delitos que tiene la finalidad de formar una cultura de respeto al líquido y endurece las sanciones si hay reincidencia en delitos y si se huachicolea el agua.
Tercera ronda
El diputado del PAN, Asael Hernández Cerón, externó que si bien es cierto que el dictamen realiza importantes modificaciones que contribuyen a aligerar las cargas y prohibiciones relacionadas en materia de agua, aún se mantienen aspectos críticos, como transmitir los derechos amparados a las concesiones y asignaciones y conserva la facultad del Ejecutivo para reasignar volúmenes.
La diputada María del Carmen Bautista Peláez (Morena) dio a conocer que con el dictamen queda establecido que el agua es del barrio, no del trato indebido, por lo que el abuso queda prohibido y se le devuelve al pueblo de México la dignidad que se le arrebató, ya que se había convertido en un negocio privado y en acaparamiento.
Jorge Alfredo Lozoya Santillán, diputado de MC, llamó a no traicionar al pueblo, a la gente y a los productores del campo votando esta ley hecha al vapor, y recordó que su grupo parlamentario planteó correcciones basadas en la realidad del país, “pero no han sido tomadas en cuenta y se busca darle todo el poder a Conagua y sin presupuesto”.
Por el PVEM, el diputado Manuel Alejandro Cota Cárdenas subrayó que hoy se avanza en el mandato constitucional de garantizar que el agua deje de verse como una mercancía y sea reconocida plenamente como un derecho humano. “La reforma recupera la rectora del Estado en el uso del recurso y establece el principio de primero el consumo humano y la seguridad alimentaria”.
El diputado Erubiel Lorenzo Alonso Que (PRI) lamentó que en el dictamen queda intacta la prohibición de transmitir concesiones, incluso cuando la tierra se hereda, vende o renta, y “ahí está el golpe y la trampa para los productores, agricultores y los ejidatarios. Eso rompe la unidad histórica del campo: tierra y agua juntas. Es un despojo silencioso”.
A su vez, el diputado José Luis Téllez Marín (PT) indicó que el dictamen es un paso histórico para recuperar la rectoría del Estado sobre el agua, cumplir con el mandato constitucional ignorado por más de una década y para romper con el modelo privatizador que convirtió un derecho humano en un negocio para unos cuantos. “El agua es un derecho humano, no un privilegio ni una mercancía”.
Por el PAN, la diputada Samantha Margarita Garza de la Garza señaló que con esta ley producir podría convertirse en un delito, ya que el agricultor sería encarcelado por abrir un pozo en su propio terreno, incluso si lo hace para consumo familiar o por necesidad. “Endurecer sanciones no resuelve una crisis hídrica, la profundiza. La norma criminaliza a la gente en lugar de acompañarla”.
Claudia García Hernández, diputada de Morena, apuntó que la reforma mandata una serie de principios y directrices que tendrán que desarrollar las legislaturas y observar los gobiernos locales para garantizar los derechos humanos al agua y al saneamiento. Se implementa una serie mecanismo jurídicos que impedirán sobreconcesiones y acaparamiento.
Del PRI, el diputado Emilio Lara Calderón anunció que su grupo parlamentario va en contra del dictamen porque “esta legislación es una ocurrencia”. Se busca darle más trámites a la Conagua cuando esta dependencia de 2024 a 2025 sufrió una reducción del presupuesto de más del 40 por ciento y en 2026 sufrirá un recorte de mil millones de pesos.
El diputado Gerardo Villarreal Solís (PVEM) enfatizó que se pone como prioridad al campo y al patrimonio de los productores. Cuando se obtengan nuevos volúmenes de agua, las prioridades son muy claras: derecho humano al agua y seguridad alimentaria. Con esta ley “le cumplimos al campo mexicano, estamos haciendo lo correcto”, y se garantiza el agua a los productores.
Mientras que el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) subrayó que la reforma acabará con el campo, los campesinos, ganaderos y productores. “Se sabe que los campesinos hoy están siendo controlados y extorsionados por el crimen, y no se hace absolutamente nada. Se traiciona al pueblo porque no se cumple con el deber de protegerlos y garantizarles el derecho a producir y al agua”.
La diputada María de los Dolores Padierna Luna (Morena) sostuvo que el dictamen representa un cambio de paradigma y es el tránsito de un modelo centrado en la explotación económica del recurso a un modelo basado en derechos humanos, sustentabilidad ambiental y justicia social. El núcleo de la propuesta se construye en la constitucionalidad efectiva del derecho humano al agua y la reorientación de la política hídrica.
