• Contempla agravantes cuando se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad o en situación de vulnerabilidad
En sesión vespertina, diputadas y diputados aprobaron con 413 votos a favor, el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal Federal, en materia de delito de despojo, y lo canalizó al Senado para sus efectos constitucionales.
Con la enmienda al artículo 395 se incrementan las penas, al establecer que se impondrá de seis a diez años de prisión y multa de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización, al que de propia autoridad y haciendo violencia o furtivamente, o empleando amenaza o engaño, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca.
También, al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fracción anterior, ocupe un inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legítimos del ocupante, y al que, en los términos de las fracciones anteriores, cometa despojo de aguas.
La adición del artículo 395 Bis, se precisa que la pena señalada en el artículo anterior (seis a diez años de prisión y multa de quinientas a dos mil Unidades de Medida y Actualización), se agravará y aumentará hasta en una mitad cuando se cometa contra personas adultas mayores, personas con discapacidad y/o personas en situación de vulnerabilidad o, sea cometido por una persona servidora pública.
Mientras que el cambio en el artículo 396 puntualiza que a las penas que señalan los artículos 395 y 395 Bis, se acumulará la que corresponda por la violencia o la amenaza.
Derecho a la propiedad está siendo vulnerado
Gerardo Ulloa Pérez, diputado de Morena y uno de los promoventes del tema, argumentó que el dictamen contiene diferentes iniciativas para atender un problema añoso que lastima profundamente a la sociedad y no distingue colores, ideologías y que ha golpeado a los sectores más vulnerables, como es el delito de despojo, “un cáncer, un flagelo social que arrebata a miles de familias lo construido durante muchos años, dejándolos sin hogar, dejándolos sin seguridad y muchas veces sin esperanza”.
Esta conducta ilícita –dijo– lacera extremadamente a la sociedad, se ha incrementado de forma continua a escala nacional. Por ejemplo, en el Estado de México se registraron más de 42 mil casos de despojo de 2015 a 2025, y los municipios más afectados de esta conducta en la zona metropolitana son Nezahualcóyotl, Ecatepec, Chimalhuacán, Los Reyes, Valle de Chalco, Chalco, Tecámac, entre otros.
Señaló que esos datos demuestran que el derecho a la propiedad está siendo vulnerado y que las familias mexicanas hoy viven con miedo a perder lo que con tanto trabajo construyeron.
Se busca que la pena de prisión y multa económica aumente y más para los servidores públicos involucrados. Porque este delito –en su opinión– ha aumentado no solo por omisión o las complacencias de las autoridades, sino por la complicidad de servidores públicos, organizados con los grupos criminales y delincuentes que lo llevan a cabo.
